Un total de 300 efectivos dejaron de pertenecer a la Policía bonaerense en los primeros siete meses del año, según el registro oficial que lleva adelante el Ministerio de Seguridad provincial. Entre ellos, unos 121 fueron cesanteados o exonerados por causas de corrupción. En Olavarría, fueron expulsados 16 agentes aunque se desconoce en qué período de tiempo.

Los datos se desprenden del registro público lanzado el año pasado por la gobernadora María Eugenia Vidal. El mismo es desarrollado por la Auditoría General de Asuntos Internos, dependiente del Ministerio de Seguridad, y contiene información desde 1966.

Según constató DIB, la última actualización del listado es del 2 de agosto y contiene datos desde los primeros días de enero de este año hasta el 12 de julio. En ese lapso, Seguridad resolvió  300 exoneraciones y cesantías: 81 por abandono de fuerza y unos 219 por diferentes delitos.

La mayoría de las causas de exoneración de la fuerza estuvieron vinculadas durante los primeros siete meses de este año a casos de corrupción. En total fueron 121 agentes los que se vieron involucrados en delitos como conductas extorsivas, el lucro indebido o manejo irregular de fondos, y la participación en robos y estafas.

Si bien todas las resoluciones son de 2019, hay exoneraciones que corresponden a hechos de los últimos años. Tal es el caso, por ejemplo, de un grupo de policías del distrito de Pilar y Malvinas Argentinas que ya había sido desafectado de la fuerza por "amparar el juego clandestino" durante 2016; o el de un agente de Mar del Plata planeaba realizar robos junto a un preso.

El listado además revela que 21 efectivos fueron expulsados por violencia policial. La mayoría de estos se desempeñan en distritos del conurbano bonaerense como Lomas de Zamora,  Avellaneda, General San Martín y Tigre; aunque también hay casos de Mar del Plata y Mercedes.

La violencia policial incluye torturas, excesos en detenciones, violencia psíquica y abuso de armas, entre otras cuestiones. En este punto, vale señalar que no figuran aún en el registro oficial de exonerados ninguno de los 13 agentes separados por la Masacre de San Miguel del Monte en la que murieron cuatro jóvenes tras ser perseguidos y baleados por un móvil policial. Ese hecho ocurrió el 21 de mayo de este año.

En la nómina también aparecen unos 10 policías expulsados por "irregularidades funcionales graves en dependencia". En estos casos entran las "fugas por negligencia", los incendios en comisarías, los incumplimientos a la hora de recibir denuncias y la omisión de declaraciones juradas. Asimismo, durante este año, hay unos 50 casos en los que no se especifican las causas.

Violencia de género en la fuerza

En los primeros siete meses de 2019 hubo unas 17 cesantías y exoneraciones por "violencia de género y/o familiar". Entre los casos, por ejemplo, figura el del oficial platense Elio Daniel Gergoff que a mediados de 2017 apuñaló al hermano de su pareja.

Aunque no están en la nómina los implicados, durante este año hubo además varios femicidios dentro de la Bonaerense. En La Plata, la sargento Laura Romina Gutiérrez fue asesinada presuntamente por su exnovio y policía Danilo Alberto Acevedo, quien luego intentó suicidarse; y en Cañuelas, el oficial Nicolás Fernando Agüero fue detenido por el crimen de su novia Romina Elizabeth Ugarte, también integrante de la fuerza.

Asimismo, la oficial Mariana Alejandra Del Arco murió en Nueva Atlantis tras recibir seis disparos. El homicida, su exesposo y teniente primero Omar Ariel Acosta, se suicidó. Mientras, en Almirante Brown, fue asesinada la agente Melisa Navarro. Por este hecho fue aprehendido su novio policía Damián Rubén Benítez.

Datos desde 2015

Ante la consulta de DIB, desde la Auditoria General de Asuntos Internos señalaron que desde el 10 de diciembre de 2015 hubo un total de 2.300 policías bonaerenses exonerados y que hay otros 1.500 que están en proceso de expulsión. Asimismo, se iniciaron unos 36.541 sumarios, 13.323 agentes fueron apartados y 967 quedaron detenidos.

Entre los sumarios, en los últimos tres años se iniciaron 2.049 por enriquecimiento ilícito. "Esto implica un total de efectivos más su entorno, más posibles testaferros, de más de 3.500 investigados", explicaron desde la cartera de Seguridad. De este total, 211 fueron denunciados ante la Justicia por enriquecimiento ilícito y 11 de ellos también por lavado de activos. (DIB)