Con el apoyo de los tres gremios municipales, Soempa, STMA y ATE, los trabajadores de la Dirección de Seguridad y Control Urbano y Juzgados de Faltas decidieron empezar el miércoles un paro por tiempo indeterminado, a causa de las malas condiciones laborales del lugar donde, en estos días, se pudo constatar la presencia de roedores.

Finalizada la asamblea donde se resolvió la medida de protesta, representantes gremiales de los mismos sindicatos intentaron comunicar la novedad a la directora de Control Urbano, Paola Toledo, pero no fueron recibidos por la funcionaria, por lo que se enviaría la correspondiente notificación, por escrito, al secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli.

Durante la asamblea se acordó ir al paro por tiempo indeterminado "a la espera que se concrete la desratización, se hagan las tareas de limpieza que correspondan y se inicien las acciones tendientes a revertir las condiciones de hacinamiento en las que se encuentra el personal, un total de 50 ó 60 personas que tienen actividad de lunes a domingo y adonde también asisten decenas de ciudadanos a realizar diversos trámites".

Durante la charla con los dependientes, los sindicalistas advirtieron tenazmente que los tres gremios afrontarán en forma grupal, cualquier denuncia por amenazas, aprietes o "persecución que se intente hacer contra cualquier trabajador, se encuentre o no éste afiliado". Asimismo, se remarcó el peligro que corre la ciudadanía, por concurrir a realizar trámites en una dependencia que se encuentra invadida por roedores, "que son trasmisores de numerosas enfermedades".

Municipio

Mientras tanto, el secretario de Gobierno Mauro Grandicelli radicó una denuncia penal en Fiscalía contra los gremialista Rubén Rodríguez, del Soempa y Pablo Villarreal, del STMA, por amenazar a una empleada de Control Urbano que no tenía intenciones de adherirse al paro. Además, efectivizó otra denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense por considerar ilegitima la medida de fuerza.

Según consta en la denuncia penal, tanto Rodríguez como Villarreal irrumpieron en la dependencia municipal junto con un grupo de personas para manifestarle a los trabajadores que se había dispuesto un paro y que debían retirarse del lugar. Ante la negativa de algunos de los agentes, según la exposición de Grandicelli, los sindicalistas les ordenaron abandonar las dependencias y que no se reincorporaran.

Por otro lado, los gremialistas "intentaron ingresar por la fuerza al sector donde funciona el Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad, pero no lograron su cometido".

Por lo dicho, el Secretario de Gobierno se hizo presente ante el Ministerio de Trabajo donde se efectuó una denuncia por considerar a la medida de fuerza como ilegítima, apresurada y violatoria de todos los procedimientos vigentes. Además se consideró que la medida recae en metodologías moral, ética y legalmente impropias en perjuicio de empleados municipales que efectuaron una denuncia penal por Coacción y Amenazas.

En función de lo expuesto se solicitó la intervención del Ministerio a los fines de que garantice el normal desarrollo de tareas en virtud de que la municipalidad desconocerá la medida adoptada. A su vez, se denunció que la metodología arbitraria utilizada pone en riesgo los servicios esenciales que se prestan desde el área para la comunidad, como lo son Bromatología, Tránsito, Licencias de Conducir, Licencias ReBA, Juzgado de Faltas y Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad que presta servicio en conjunto con la Central 101 de Policía.

Fuente Diario El Tiempo de Azul