"Este juicio va a producir una distorsión en las finanzas que podría paralizar el municipio", advirtió el intendente de esa ciudad, Juan Gobbi, al hacer referencia a una causa que tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que lo obligaría a pagar 100 millones de pesos a las mujeres ganadoras, Clorinda del Carmen Gallego de Sandoni y Sonia Della Vedova de Godoy.

"Ni el juez ni los abogados nos dijeron que el dinero que tiene que pagarle el municipio a mi mamá es 100 millones de pesos. Esa cifra la mencionó alguien, pero no a nosotras", dijo Paula, hija de Clorinda Gallego. La mujer dijo que "ésta parece ser una instancia más de un juicio que tiene ya 20 años. Para mi mamá, de 68 años, y la vecina es otro paso más".

Gallego, de 68 años, trabajó toda la vida en tareas rurales en la zona de Chascomus; mientras que Vedova es maestra jubilada. El juicio se inició a raíz de una rifa que en 1995 organizaron tres escuelas rurales y en la que el premio consistía en una fracción de tierra de 327 hectáreas.

Las dos vecinas de la localidad de Lezama, que en ese momento formaba parte de Chascomús, compraron cinco rifas y se hicieron acreedoras del premio. Sin embargo, como no podían hacerse del premio, en 1998 iniciaron una demanda en los tribunales de La Plata para reclamar la escrituración del campo, la indemnización por los daños y el reconocimiento del lucro cesante por la imposibilidad de explotar la tierra.

Es que según se acreditó en la causa judicial, el municipio autorizó por ordenanza la rifa sin verificar que el campo estuviese escriturado, ya que el inmueble sólo contaba con un boleto de compra venta, tramitado por un particular quien había comprado el campo y organizado la rifa y que antes del sorteo hipotecó el inmueble.

Además se constató que el inmueble fue rematado judicialmente por esas hipotecas y por lo tanto ahora está en manos de otro dueño, ajeno al conflicto.

En la causa también se acreditó que el municipio permitió la venta de 2.000 números en lugar de los 1.000 avalados por la ordenanza que autorizó la rifa.

Con esas irregularidades, el Juzgado Civil y Comercial 27 de La Plata condenó a las cooperadoras de las escuelas rurales, a la Provincia y al particular organizador de la rifa a escriturar el inmueble, pero, a su vez, hizo responsable a la Municipalidad de forma integral por la irregularidad y la condena al pago de los daños y perjuicios y el lucro cesante.

El fallo fue apelado y ratificado por los jueces de Cámara, por la Suprema Corte bonaerense y ahora está en trámite ante la Corte Suprema de la Nación.

El intendente de Chascomús calificó como "exagerado" que sólo se haya responsabilizado a la comuna "porque no organizó la rifa ni recibía ningún beneficio" y alertó que hacer frente a la indemnización podría paralizar a la comuna que tiene un presupuesto anual de unos 250 millones de pesos.

El intendente de Lezama, Marcelo Racciati, aseguró además que su comuna es "totalmente ajena" al conflicto y explicó que ese municipio "si bien formaba parte de Chascomús en 1995 recién fue creado en el 2009".

DIB