Inés Barbieri asumió el 3 de febrero en la delegación que funciona en Alsina 2267, en reemplazo del doctor Martín Capelli, quien dejó la titularidad de la dependencia en diciembre pasado.

La Defensoría del Pueblo bonaerense comenzó sus actividades el 25 de febrero de 2010, cuando el entonces gobernador Daniel Scioli puso en funciones al primer Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, quien estuvo al frente del organismo hasta 2014. Luego, Marcelo Honores se desempeñó como Defensor del Pueblo a cargo hasta que la Legislatura nombró a Guido Lorenzino como nuevo titular del organismo en diciembre de 2016.

En cuanto a la delegación de Olavarría, funciona hace poco más de dos años: abrió en octubre de 2017 en el marco de una política que adoptó Lorenzino de llevar oficinas de la Defensoría a distintas localidades bonaerenses. Actualmente funcionan "42 delegaciones en la Provincia, una es la de Olavarría y asumí muy bien, con un gran compromiso hacia la ciudadanía y tratando día a día ir solucionando pequeñas y grandes cosas que van ocurriendo en la Defensoría", indicó la profesional.

Inés Barbieri estuvo el 26 de febrero en el Paseo Mendía para difundir el rol del orgamismo en el arco del décimo aniversario. Tiene experiencia en la función pública, como letrada en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y dentro del Concejo Deliberante. La tarea que desempeña en la Defensoría "es similar al CAJ y mis trabajos previos me ayudaron a tener un mejor conocimiento de las instituciones y organismos y conocer la legislación local" dado que "no soy de acá y hace un tiempo que estoy radicada en Olavarría", explicó.

En lo cotidiano, la función es "hacer difusión, orientación y asesoramiento a ciudadanas y ciudadanos e ir solucionando las quejas y requerimientos", admitió.

El abanico de consultas es amplio y diverso. "Podemos encontrar una situación de vulneración de las obras sociales y prepagas, planteos por tratamientos de fertilización asistida y en las últimas semanas planes de ahorro de auto, desde las 7 hasta la 1 tenemos consultas tanto telefónicas como presenciales para ver qué pueden hacer. En algunas cuestiones podemos intervenir en otras no y derivamos a los organismos corrrespondientes. No todo se puede solucionar desde la Defensoría, que es un organismo provincial y quizá no es de nuestra competencia como las pensiones por incapacidad, que no están saliendo y es de larga data, así que efectuamos el reclamo ante la Defensoría de Nación".

Servicios y subas

Con respecto a los servicios públicos, que el año pasado ocupó un lugar prioritario en la agenda de reclamos, "ahora no porque hay congelamiento de tarifas por 180 días (hasta julio) y no nos han llegado esas consultas", indicó Inés Barbieri.

Sin embargo, el incremento en la tasa de Servicios Urbanos aprobado en enero y ahora con el cobro de retroactivos tampoco generó exposiciones, aclaró la funcionaria.

"Sí tuvimos muchas consultas por trabas en las licencias de conducir, que tienen deudas de Servicios Urbanos o multas y han llegado a consultar por ese tema. No podemos intervenir de forma judicial. No hay potestad pero sí hacemos intervenciones telefónicas, con notas, pero a nivel administrativo", explicó.

En la misma línea, expuso que desde la Defensoría "no hacemos amparos, sí gestiones administrativas. A veces hay desconocimiento o falta de información, buscamos orientarlos, ver qué paso. Muchas veces no se puede solucionar, si hay sentencia firme en Juzgado de Faltas es difícil de solucionar".

Audiencia democratizadora

En cuanto a la suba del agua, solicitada por la cooperativa de energía eléctrica y servicios anexos, aclaró que se sumó a la audiencia pública de la semana pasada como oyente. "Vamos a ir sistematizando las intervenciones para elevar un informe a la Defensoría de la Provincia y lo mismo enviaré un informe de la comisión del HCD y el proyecto de ordenanza de la cooperativa" con el pedido de aumento tarifario.

La profesional destacó esa iniciativa que "algunos definen como antidemocrática. Celebro el tema de pasar por una audiencia pública que, sabemos, no es vinculante y lo que transcurra ahí no va a obligar que se decida de acuerdo a lo que se conversó. Pero es una garantía constitucional que tenemos como usuarios y es un elemento valioso para hacer valer nuestros derechos, es democratizador para participar activamente para el dictado de políticas públicas, en este caso locales".

De hecho, aclaró que "la Defensoría es provincial. Si se aprueba (el aumento del agua) vía HCD desde la Defensoría no podemos hacer ninguna intervención porque es potestad municipal. Sí podemos recibir consultas y asesorar pero tenemos esas limitaciones".