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Se llama Malena Derdoy, tiene 35 años, y su nombre remite directamente a Olavarría. Desde el lunes pasado está al frente de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (Dovic) que depende directamente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, tras una trayectoria de años como abogada especializada en temáticas de género y en cuestiones de acceso a la Justicia. "La idea es potenciar el rol de la víctima, más allá de que tenga o no posibilidades económicas de contar con una querella", respondió en entrevista con EL POPULAR, en su oficina del microcentro porteño.

La Dovic fue creada el 1 de julio pasado por resolución de la procuradora Alejandra Gils Carbó "para visibilizar el rol de la víctima en el contexto de los procesos penales. Y esa resolución es la consecuencia de un trabajo de cuatro meses de diagnóstico, donde se elaboraron distintas propuestas con la participación de referentes, actores clave, organismos de la sociedad civil, organismos del Ejecutivo y el mismo Poder Judicial".

-¿Cuáles son las áreas de intervención?

-Trabajamos con víctimas de cuatro grupos de delitos: Víctimas de violencia de género, de maltrato y abuso sexual infantil, de trata y explotación y de violencia policial. Pero esas cuatro áreas tienen abordajes completamente distintos. Cada área se conforma con equipos interdisciplinarios: abogados, trabajadores sociales, psicólogos que trabajan estos temas.

-Pero ¿cuál es el rol específico de la Dovic?

-Son dos. Por un lado, contener a la víctima, porque partamos de la base de que son personas victimizadas que están atravesando por distintas situaciones y tienen derechos. No es un don que reciben o un señor feudal que decide regalarles el acceso a la Justicia. Es un derecho que les corresponde: a ser escuchadas, a participar en el proceso, a opinar, a ser tenidas en cuenta. Es decir, muchas cuestiones que demasiadas veces en la práctica se fueron abandonando. Y por otro lado, la víctima es, muchas veces, víctima-testigo. Y las investigaciones llegan con mejores y más rápidos resultados con una víctima activa que con una víctima pasiva, no escuchada, desatendida, ignorada en el procedimiento.

-Pareciera que habláramos del rol de la querella. ¿Cuál es la diferencia?

-La querella es una figura que ayuda y aporta mucho; de hecho, muchos procedimientos avanzaron a partir de las querellas. Pero los cuatro grupos con los que vamos a trabajar son grupos que históricamente no han accedido a una querella. Y no han accedido por no tener recursos. Las mujeres víctimas de violencia de género difícilmente tengan abogados particulares. Los niños abusados, más allá de que existe una defensoría de niños, niñas y adolescentes que en mayor o menor medida trabaja bastante bien, difícilmente cuenten con una querella. No hay ni un solo caso de víctimas de trata, sacando el de Marita Verón que es el caso paradigmático, donde las víctimas hayan contado con querella. Una mujer que estuvo sometida en prostíbulos o un grupo de personas, varones en general, que han sido explotados laboralmente tampoco cuentan con querella. Y las víctimas de violencia policial no sólo no cuentan con querella sino que además, están seguramente imputados en otras causas. La querella es una figura bastante reducida al acceso de determinados grupos o sectores. Esos grupos con los que trabajamos son los que dependen exclusivamente de la buena gestión, de la buena investigación, de los buenos oficios del fiscal. El fiscal tiene que tener un rol de acompañamiento, de escuchar a la víctima como si fuese -no quiero decir su cliente- su principal persona a atender y a la que restituir derechos. No tiene que estar mediatizado por un tercer abogado que les cobre para eso.

-¿Significaría un reemplazo de figuras?

-No es excluyente con la querella. Y de hecho vamos a intervenir en casos donde hay una querella que participa y es activa. La idea es potenciar el rol de la víctima, más allá de que tenga o no posibilidades económicas de contar con la querella.

-El único que es federal de los cuatro delitos que mencionaste es el de la trata. ¿Cuál es el alcance nacional de la Dovic?

-Fue de los grandes puntos debatidos. Nosotros intervenimos en delitos federales. Pero por estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos competencia ordinaria en los otros tipos de delitos. En la provincia de Buenos Aires, en la de Tucumán o en cualquier otra sólo podemos trabajar en los delitos de trata o en los casos en que hay destinado personal policial, como policía federal, Prefectura, Gendarmería o Aeronáutica donde también podemos intervenir en violencia policial. Es decir, si un gendarme está imputado en una causa de apremios en la provincia de Salta o en la provincia de Buenos Aires seguramente podemos intervenir.

-Pero en ese caso sólo porque el victimario pertenece a una fuerza del Estado nacional…

-Exactamente. No en las provinciales. Es una cuestión de competencias. Lo que no quita que esta oficina trabaje con los ministerios públicos fiscales de las provincias y que la Procuración esté compartiendo, en general, herramientas de investigación. Pero esto es en el marco de colaboración y no de competencias estrictas.

-¿Cómo se trabaja para que las víctimas de trata no recaigan?

-Esa es una cuestión clave en donde el Ministerio Público Fiscal no tiene una responsabilidad directa pero sí tiene que evitar la impunidad. Y estrictamente tiene que lograr que esa víctima, más allá de las cuestiones puramente humanas, llegue a salvo, que esté fortalecida y que se atreva a hablar en el contexto de un juicio que se va a concretar recién tres años después. Hay que evitar que vuelva a caer en las redes de trata, hay que ayudarla a que consiga un empleo… hay infinitas situaciones que no hacen a la competencia del Ministerio Público Fiscal pero sí se pueden articular. En ese sentido, existe un área específica que depende de jefatura de Gabinete y se encarga de coordinar todas las áreas que trabajan en temas de trata en relación con el Ejecutivo: el ministerio de Trabajo, el ministerio de Desarrollo Social, el ministerio de Justicia y el ministerio de Seguridad. El ministerio de Justicia, a través de la oficina de Rescate que coordina la licenciada Zaida Gatti es el primer contacto. En cada allanamiento acompañan a las víctimas, las ubican provisoriamente en un albergue para mujeres víctimas de trata y se las acompaña hasta la testimonial. En el caso de extranjeros, hay mecanismos para que, si quieren volver a sus países, puedan ser repatriadas. En el resto, se las acompaña en formación, en asistencia para documentos, para buscar trabajos…

-Pero siempre y cuando estén enmarcados en un expediente judicial…

-Sí, porque en la mayoría de los casos, van a ser víctimas en causas judicializadas. Otras áreas trabajan con la víctima, que es víctima desde que ocurre el hecho. Hay otras áreas como Atajo, que trabajan con aquellas víctimas que todavía no han hecho denuncia.

-De qué manera, más allá del acompañamiento y fortalecimiento, se equiparan con el rol del querellante…

-Teniendo a esta oficina como apoyatura y con fiscales que tomen sus reclamos como si fuesen clientes. El rol primario del fiscal es representar los intereses de la sociedad. Pero en esa sociedad se encuentra la víctima que sufrió el delito. Uno no puede decir que el fiscal representa a la víctima como sí lo hace una querella. Uno no puede usar eso a rajatabla porque si la víctima decide retirarse, levanta la querella y listo, el fiscal tiene la obligación de seguir con la acción. Y por eso no se puede asimilar una figura con la otra. Pero esta oficina va a tender a que el fiscal tenga un rol mucho más activo en cuanto a participación con la víctima. No es que vamos a reemplazar a la querella pero sí vamos a tratar de garantizar los derechos de la víctima en el marco de un juicio, en cuanto a ser escuchada, en cuanto a ser representada, acompañada y contenida y que esto no sea privativo de los que tienen recursos económicos.

-¿Qué ocurre cuando los fiscales frenan causas?

-Es que la idea es, además, que esta oficina pueda detectar cuándo un fiscal no hace lo que debe hacer, que archiva la causa, que no llama a indagatoria a quienes tiene que llamar. No es una oficina de control pero al representar los intereses de las víctimas, si una causa está parada un año y esa víctima clama por Justicia, el fiscal tendrá que rendir explicaciones de por qué no está avanzando la causa. Sin ser un mecanismo de control sí puede ayudar al buen funcionamiento de estas instancias que a veces son gustosas de estancarse, por decirlo de un modo elegante.