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Cuando hoy empiece a regir en la provincia la guía de implementación provincial de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) habrá todavía muchos velos por descorrer, resistencias que vencer y a la vez, aspectos traumáticos y temores que, paulatinamente, empezarán a atenuarse. Cada vez que se pudo avanzar en materia de derechos civiles, se desarmaron persecuciones y culpas sociales. Y el sistema de salud tendrá una cuota enorme de responsabilidad en derribar las murallas que la historia misma ha puesto a las mujeres y personas con capacidad de gestar a la hora de decidir no continuar con un embarazo no deseado.

Hay realidades incontrastables. Casi la totalidad de las interrupciones voluntarias del embarazo que se practicaron en el partido de Olavarría en los últimos meses fue ambulatoria. De 73 casos entre julio y noviembre pasados, el 98, 6 por ciento se gestionó en los centros de atención primaria y apenas un 1,4 por ciento fue en el segundo nivel, es decir, con internación hospitalaria. Sin embargo, el área de maternidad del Hospital Municipal, con más de una docena de profesionales, cuenta sólo con un médico que garantiza las interrupciones. El resto se plantea como objetores de conciencia. Desde el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, Silvia Rodríguez plantea que en el segundo nivel "no tenemos un equipo conformado que pueda atender estas situaciones todos los días de la semana. Sólo hay un médico que está de guardia los viernes y es ese día el único en que se puede dar respuesta".

Y amplía diciendo que "en la dirección del hospital hay un registro donde se anotaron los objetores de conciencia. Si llega una usuaria y no estás anotado como objetor, tenés la obligación de resolverlo. Y la dirección del hospital tiene la obligación de solucionarlo aunque tenga la mayoría de su personal como objetor. No se puede dilatar ni evadir la atención. Sin embargo, tenemos todavía un solo profesional. Una jefa del servicio no puede ser objetora de conciencia. Y las veces en que llegó un caso se lo derivó a ese mismo profesional".

Existen resistencias que sólo podrán ser doblegadas con el correr del tiempo. Sabrina Balaña, la directora provincial de Equidad de Género del Ministerio de Salud, habla de una heterogeneidad de realidades. "Hay profesionales de la salud que no venían trabajando en el tema tal vez por falta de información o por temor a meterse en algún lío legal. Y a medida que vas aclarando cuál es el marco normativo que nos rige, hay muchas situaciones que se empiezan a destrabar y dicen que en este marco sí. Hay otras personas que son efectivamente objetores de conciencia y no brindan la atención. Esas personas tienen que manifestarlo a la institución desde el primer día y no lo pueden plantear frente a una consulta puntual sino antes. La institución garantizar la interrupción con un equipo que pueda resolver estas situaciones y el profesional objetor de conciencia, derivar a la paciente rápida y efectivamente. Y después están los obstructores. Esa categoría donde no sólo son objetores sino que obstruyen la práctica en servicio, no permiten que profesionales que dependen de ellos trabajen el tema aunque quieran. En ese sentido va a ser rápidamente relevado de sus funciones o alertado de que está cometiendo un delito. Hay que desarmar esa lógica de funcionamiento porque está claramente penado por la ley".

Pero además de incumplir con la ley, esa actitud tiene dos secuelas directas: afecta la vida de pacientes, pone en riesgo la salud y, desde otra perspectiva, hace que "el resto de los profesionales nos veamos doblemente sobrecargados ya que no sólo nos encargamos de brindar ese derecho a la comunidad en la que estamos inmersas en nuestro territorio de trabajo sino también a muchas otras personas porque sus médicas o médicos de cabecera se los niegan", analiza la médica generalista Victoria Nogal, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. "Creo que el Estado o, en nuestro caso, las autoridades de nuestro sistema de salud tienen que dejar de permitir que servicios enteros sean objetores de conciencia. Tiene que haber control sobre los contratos de trabajo para que no pueda seguir ocurriendo que la totalidad o la mayoría de un servicio ni sus jefes o jefas de servicio lo sean. Es importante que haya alguna diferencia entre quienes lo son y quienes no lo somos. Por las horas destinadas a capacitación y por estar brindando un derecho que otras personas niegan".

Clandestinidad

Karina Ruiz integra también la red. Trata de ir al hueso de actitudes médicas que, incluso, trascienden el tema del derecho al aborto. "La mayoría de las mujeres que acompañamos en la IVE llega con miedo por lo que les está pasando, tanto por el riesgo que pueden correr como por la respuesta que puedan tener por parte del equipo tratante. Y ahí nos tenemos que plantear cómo estamos trabajando cuando alguien tiene miedo de expresar lo que siente, lo que piensa, lo que la está atravesando. Tal vez miedo a ser juzgada, maltratada e incluso judicializada, como tantas veces pasó. Y ahí como profesionales de la salud tenemos que pensar dónde nos vamos a parar. Si en sacar esos miedos y mostrar que hay otra forma de hacer medicina, desde el amor y desde la comprensión, o actuando desde lo punitivo".

Entonces vuelca su mirada sobre un aspecto que tantas veces puede pasar desapercibido. Que tiene que ver con el enorme agradecimiento de quienes pudieron concretar una IVE. "Pienso en cómo vuelven esas mujeres a la consulta posterior a los tratamientos, cómo cambia el semblante, cómo agradecen cosas muy básicas que generan emoción pero que también dan vergüenza. Que alguien te quiera agradecer por lo bien que la trataste, por no juzgar… Nadie debería agradecer a una médica, a un médico por lo bien que la trató. Con lo que una debe plantearse qué mal que estamos".

La palabra miedo aparece muchas veces durante las entrevistas con trabajadoras de la salud en relación a la IVE. La psicóloga Yanina Bórmida, del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, siente que, a partir de la ley, "se pueden llegar a modificar los miedos de personas que se acercaban al programa después de dar muchas vueltas dentro y fuera del sistema de salud, consultando en varios lugares, en donde no se les daba la información adecuada. Cuando por fin se acercaban al programa de salud sexual llegaban con temor por hablar con otra persona sobre estas situaciones. Imagino que a partir de la ley son cuestiones que se van a ir naturalizando y van a perder el miedo de explicitar que se están acercando para solicitar una interrupción".

Justamente, lo que argumenta Sabrina Balaña es que "creo definitivamente que sacar al aborto de la clandestinidad es lo que le va a restar lo traumático".

La clandestinidad en que fue arrinconado históricamente el aborto se hermanó con la violencia institucional a la que, muchas veces, el sistema de salud sometió a las mujeres. Victoria Nogal analiza a partir de su propia experiencia como profesional de la salud que "muchas mujeres sufrieron maltrato y violencia institucional cuando requirieron atención en guardia post aborto. Hostigamiento, indagaciones sobre lo que ´habían hecho´, con quién o dónde. Siendo legal creo que quizás no sucederá tanto, porque las personas van a tener el conocimiento de que actuaron dentro de la ley. Aunque la ILE también era ley, pero no es lo mismo para las personas. Muchas ILE que hemos realizado eran a personas que quedaron embarazadas cuando ya habían consultado varias veces para acceder a una ligadura tubaria y se les negó".

Retaceos

El universo sobre el que la nueva legislación, fogoneada por el feminismo durante décadas, deberá incidir es amplio. Porque si la situación en el sistema de salud público es complicada, con un solo profesional que garantiza la práctica en el segundo nivel del hospital municipal, en el sector privado la situación es complejísima y adversa. Victoria Nogal observa que "en el privado no se garantizaba la ILE, ya que hemos recibido muchas personas provenientes de clínicas. Y no por ser derivadas por sus médicos de cabecera, sino porque no les dieron la posibilidad y llegaron a nosotras por el boca a boca o porque nos encontraron en redes sociales".

Y Silvia Rodríguez, en total coincidencia, plantea que "la mayoría de las veces en el sector privado los profesionales no dan la información oportuna. No contextualizan el programa ni lo referencian como hemos querido, para evitar a la mujer el derrotero de ir de un espacio a otro y a veces llegar a un lugar que no es seguro. Sentimos que en el sector privado los ginecólogos atienden para maternar y no para cuidar la autonomía de la mujer o acompañarla en su autonomía. Retacean la información para que la mujer pueda tomar la mejor decisión en un espacio donde la atención sea segura".

Sabrina Balaña, directora de Equidad de Género bonaerense: "El sistema de salud no está para juzgar a la persona"

Médica generalista, Sabrina Balaña es hoy la directora de Equidad de Género de la cartera sanitaria provincial. Esta semana presentó la Guía de Implementación de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) junto a los ministros Daniel Gollán y Estela Díaz.

-En Olavarría, el hospital tiene un solo médico que garantiza la ILE entre aproximadamente una docena de profesionales. La provincia ¿tiene números similares?

-Aproximadamente tenemos 400 efectores en la provincia. Tanto hospitales como centros de atención primaria con equipos para garantizar la IVE. Hace un año, eran apenas la mitad. Siempre, garantizando el insumo que, en la mayoría de los casos, es el misoprostol. Es real que hay servicios que están sostenidos por un médico o un equipo interdisciplinario pero que también tiene un solo médico o médica que tal vez está únicamente un día. Necesitamos aumentar la capacidad de respuesta. No puede ser que la médica del equipo esté resolviendo las IVE en su día de guardia como suele pasar. Más en los hospitales. No así en los centros de atención primaria. Por eso la intención es poner fuerte eje en la capacitación de equipos en el primer nivel de atención. Son cerca de 2000 centros de atención primaria de la provincia. Tienen una distribución geográfica muchísimo mayor con por lo menos una salita en cada barrio. Y es muy importante entonces tener un equipo en cada una. Multiplica la capacidad de respuesta teniendo en cuenta que más del 90 % de las interrupciones se reciben en el primer trimestre de gestación. Por lo tanto, la resolución es ambulatoria. La mayor parte no requiere internación en un hospital. Pero sigue pasando que hay muchas mujeres que al primer efector al que concurren es al hospital entonces hay que hacer ese trabajo para contar con un equipo en el hospital todos los días de la semana.

-¿Qué ocurre con el ámbito privado?

-Ahí no hemos avanzado tanto el año pasado. Pero sí empezamos a articular con IOMA para capacitar equipos de primer nivel de atención. Y vamos a sumar a los efectores privados que trabajan con IOMA. Que son cerca de 300 clínicas.

-¿Cómo se maneja la situación con las y los jefes de servicio en el caso de que se planteen como objetores de conciencia?

-Estamos trabajando con directores de hospitales. Los jefes de servicio no pueden ser objetores. Porque en la práctica eso transforma a la institución en objetora. La opinión de un jefe de servicio es algo de índole personal pero como jefe o jefa no pueden serlo. Tienen que cumplir la ley. Tienen que poner a disposición algún equipo que destine horas de trabajo a responder estas situaciones. No podemos tener, como hemos tenido, jefes de servicio que dicen: "todo mi servicio es objetor". Si así fuera, el director o directora del hospital tiene un problema. Hemos trabajado en el tema y los jefes de servicio entienden su rol y entienden que se tienen que correr o dejar hacer. Y en otros casos, directamente, ha cambiado el jefe de servicio. Que alguien sea objetor de conciencia no puede generar un impacto en el trabajo del servicio ni del hospital. Como jefes, es incompatible.

-¿Creés que la legalización del aborto va a hacer mermar las prácticas de hostigamiento hacia las mujeres que toman esa decisión?

-No sé si va a cambiar porque la posición de muchas personas incluso dentro del sistema de salud no se va a modificar por la ley. Lo que sí estamos tratando es de que esto tenga consecuencias. Y es algo que estamos trabajando con directoras y directores de hospitales. Porque es una situación de violencia institucional. El sistema de salud no está para juzgar a la persona. Pero es un mandato que tiene el sistema de salud de control y tutelaje. Estamos acostumbrados a controlar cuerpos y tutelarlos y esta ley, como muchas otras, viene a querer cambiar. Tenemos que acompañar las decisiones que toman las personas pero además no podemos juzgar. Muchas de esas reacciones son la consecuencia de juzgar lo que la persona decidió. Ocurre también que las personas naturalizan malos tratos. Y las autoridades de los hospitales tienen que estar atentas y rápidamente tomar medidas. No queremos en el sistema de salud profesionales que estén violentando a las personas. No queremos ser reproductores de esa misma violencia que existe y que no va a ser fácil de erradicar. Pero tenemos que visibilizarla, pidiendo explicaciones, generando sanciones, pero también convocando a los equipos desde otro lugar porque no es sólo con la sanción que va a cambiar.

-A partir de la ley ¿sentís que va a dejar de ser una práctica vergonzante para tantas mujeres?

-Definitivamente creo que sacar al aborto de la clandestinidad es lo que le resta lo traumático. Y acá, si bien a partir de la semana 14 sigue siendo punible y se puede hacer pero por causales, hasta esa semana tenemos la voluntariedad. Pero al momento en que llega la mujer, que no siempre tiene en claro lo que quiere hacer, hay que brindarle la información. Muchas veces llegan y dicen que no saben qué hacer. El rol principal del equipo de salud es el de conversar con esa persona, conocer cuál es su situación, informarle sobre los riesgos tanto de continuarlo como de interrumpirlo y acompañarla en la decisión que tome. Poder poner en el centro de la escena a la persona gestante y a los riesgos que ella quiera atravesar son la clave que cambia la posición no sólo de la mujer sino también del equipo de salud. Y me parece que eso hace que la situación sea no traumática. No para banalizarlo sino para sacarle esa carga de vergüenza, de culpa, de dolor que puede estar acompañado de cómo la sociedad misma y el equipo de salud juzgan esa decisión. La voz principal, el protagonismo, tienen que estar puestos en la persona.

Dónde ir

Aquellas personas que deseen asesorarse o consultar por una interrupción voluntaria del embarazo pueden ir a la sede del Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva (PMSSyR). Teléfono: 416928. Dirección: Berutti 4100 (esquina Rufino Fal). Servicio Municipal Territorial N°4. En las redes: pmssyr.olavarria