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"Creemos que es un espacio que restituye humanidad, que permite el reencuentro con las zonas más felices de uno, con los propios sentimientos. Porque la vida cotidiana en la cárcel los destruye y los carcome". La expresión, de Analía Umpiérrez –coordinadora de dos espacios de educación universitaria en la cárcel- parte de la base de que "la educación no va a ser por sí sola una tabla de salvación. Hace falta toda una estructura que es ajena al ámbito educativo y que tiene que ver con el contexto carcelario en sí y con el contexto en el que una persona va a vivir una vez que salga en libertad".

Hablar de educación universitaria en condiciones de encierro implica partir de la base de que es apenas un mínimo oasis en un contexto mayúsculo de encierro. Y que, a su vez, quienes dentro de instituciones carcelarias accedieron a niveles terciarios o universitarios de estudio constituyen en el país apenas el 2,57 por ciento mientras que sólo el 2,24 por ciento ingresaron en el sistema teniendo estudios en ese nivel educativo.

No es lo mismo hablar del programa universitario de la UBA (Universidad de Buenos Aires) que del de la Unicén (Universidad Nacional del Centro). Esta última abarca, como zona de influencia a nueve cárceles: unidades 2, 27 y 38 de Sierra Chica; 7 y 52 de Azul; 14 y 30, de Alvear; 17, de Urdampilleta y 37, de Barker. Pero está presente en cinco: las tres de Sierra Chica y las dos de Azul. Las distancias a recorrer, a diferencia de las que se presentan en la UBA, constituyen una dificultad extra.

Uno de los problemas más difíciles de sortear tiene que ver con que el grueso de los detenidos en la zona centro proviene del gran Buenos Aires. Lo que significa que tras la libertad regresan mayoritariamente a sus lugares de origen y en modo prácticamente generalizado se pierde la posibilidad de continuidad. Analía Umpiérrez es coordinadora del programa Educación en contexto de encierro de la Facultad de Ciencias Sociales y del programa Universidad en la cárcel, del área de Extensión del rectorado de la Unicén. "El gran tema es que tanto los que están en la 27 como en la 38 están cercanos a salir. Los que más avanzados están tienen 12 materias aprobadas. Otros 8 ó 9. Pero no más. Mayoritariamente es gente del conurbano. Entonces a nosotros nos resulta muy difícil acompañarlos en el egreso. O bien los trasladan y ya quedan fuera de nuestra zona. Lo que sí tenemos es un grupo grande en primero", dijo Umpiérrez.

Filtros y dificultades

La población carcelaria argentina creció un 152 por ciento entre 1973 y 2012 mientras que los encerrados en penales bonaerenses aumentaron en el mismo período un 252 por ciento. El informe 2013 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) son unos 1600 los detenidos en cárceles provinciales que cursan carreras universitarias o terciarias (2,57 por ciento) mientras que en las cárceles federales llegan al 7,4 por ciento (700 detenidos).

En esquemas carcelarios como los de la zona centro resulta complejo tener aulas propias en los diferentes penales porque hay una distancia importante entre una unidad y otra. En general los alumnos se inscriben como libres y el SPB (Servicio Penitenciario Bonaerense) asume el compromiso de trasladarlos a rendir examen.

"Cuando los estudiantes avanzan en la carrera y siempre y cuando los autorice el juez y el servicio lo acepte, se inscriben a cursar materias obligatorias", explicó Umpiérrez. En la actualidad –relató- "las materias que se dictan desde Sociales son: Fundamentos de Sociología, de Comunicación, de Antropología, Economía Social y Política, Historia Social del Siglo XX, Orientación en Historia Social, Argentina y Latinoamericana, Lingüística e Inglés, más una serie de talleres que se vienen dictando de manera sostenida".

El germen de la educación universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales en Sierra Chica nació en los primeros años de la década del 90 bajo la gestión de Donatella Castellani pero ya no pudo continuar tras el motín de Semana Santa de 1996. Hacia 2008 se retomó el vínculo y un año más tarde comenzaron los primeros cursos que continúan en la actualidad.

Pero hay una base indiscutible. No cualquier detenido accede a la posibilidad de estudiar. Y esto no es válido solo para los estudios universitarios sino que la educación, en contexto carcelario, no es un derecho sino que constituye un concesión y puede ser interrumpida arbitrariamente por el servicio. Y, no se puede perder de vista además, que subyacen condiciones de vida que dificultan el estudio y el trabajo académico. La estructura de vida cotidiana, la alimentación o la salud suelen constituir adversidades extra para quien empiece a asumir para su propia vida la determinación de estudiar. Hay quienes, a pesar de todo y contra viento y marea, logran llegar al objetivo, como Tomás Tomizzi, que con un título docente regresó en 2002 a la cárcel. Pero ya no como detenido sino como profesor (ver recuadro aparte).

Hay otra gran traba que está ligada a la documentación necesaria a la hora de la matriculación. Que va desde el papelerío imprescindible ligado a la certificación analítica de los estudios secundarios o, inclusive, al mismo título de ese nivel educacional. Pero hay otra traba más básica. Son muchos los detenidos indocumentados: hay personas que no tienen reconocimiento legal para estar dentro del país, si son inmigrantes, o que nunca accedieron a un DNI pero sí lo tienen para estar dentro de la cárcel.

Actualmente la Facultad de Ciencias Sociales tiene 70 alumnos de los cuales "hay 25 ó 30 muy activos", analizó la coordinadora del programa.

Reincidencia

Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y publicado el viernes por el diario La Nación reveló que "de los 132 egresados que tenía el Programa en 2013, un 84 por ciento ‘no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos’. Es decir que, según destaca el informe, ‘8 de cada 10 graduados del Programa no han vuelto a ser condenados’. El estudio es parte de una serie de relevamientos que ambas instituciones están llevando a cabo para medir el impacto de la educación en contextos de encierro". En ese sentido, Umpiérrez planteó que "si bien no tengo esos datos te puedo decir que los que salieron en libertad y estudiaron con nosotros, hoy están trabajando".

Ana Laura López y Julia Pasin plantean en "Sujeto de castigos" que "en las instituciones de encierro la seguridad aparece como un concepto que todo lo arrasa y que sobre todo se derrama. Incluidos el derecho a la educación y la propia escuela".

Hay quienes tras su paso por la cárcel, como Carlos, hablan de que "desde mi experiencia propia y la de otros veo que se produce un clic, un movimiento en la voluntad y la psiquis que los hace otrxs. Ya sea la educación secundaria como la universitaria". En una línea similar, Analía Umpiérrez analiza que "me parece que el paso por los estudios genera otra mirada del mundo. Otra condición de humanidad. Es un refugio. Es un poco de aire. Para las mujeres la presión es tal que esto te permite fortalecerte para que no te destruyan. Es un espacio que creemos que restituye humanidad, que permite el reencuentro con las zonas más felices de uno, con los propios sentimientos. Creo que es crucial pensar el papel de la universidad en la cárcel y tener en claro que lo nuestro son pequeñas tácticas para resistir y encontrar la tabla de la que aferrarse. La educación puede permitir salvarte pero hay condiciones estructurales con las que esa persona va a tener que lidiar una vez afuera del encierro que necesariamente tienen que modificarse".

Y esa transformación, esa restitución de la humanidad, suele ser demasiadas veces sancionada –en el afuera y en el adentro- por un sistema concentracionario de castigo. Uno de los casos más resonantes de torturas dentro de la cárcel, ocurrido en la Unidad 38 y que en breve irá a juicio oral y público en la Justicia Correccional, tuvo como víctima a un estudiante de Derecho, vicepresidente del Centro de Estudiantes e integrante de la mesa de diálogo por Situaciones de Cárceles de Azul.