El ex concejal de Cambiemos y ex presidente del Colegio de Arquitectos José Luis Arguiñena sumó su voz a la de otros que en las últimas jornadas se han pronunciado sobre esta "inminente reanudación" (según un adelanto del diputado provincial -Frente de Todos- César Valicenti) de los trabajos en el Polo Judicial de Olavarría.

Arguiñena inició diciendo que la obra (parada desde mediados de 2019) y su emplazamiento fueron iniciativas del ex intendente José María Eseverri. "Iba a durar dos años y costar 348 millones de pesos" apuntó.

"Recuerdo haber estado en esos momentos como concejal, y a su vez como presidente del Distrito VIII del Colegio de Arquitectos. Era una noticia que nos alegraba por su envergadura y está siendo un elefante blanco en el medio de la Ciudad" lamentó.

Habló que además del impacto ambiental, se trata de "una obra que va a tener un gran impacto urbanístico".

"A todos los gobiernos, de todos los colores políticos, siempre propusimos desde el Colegio de Arquitectos un Instituto de Estudios Urbanos que tenemos dentro de nuestra asociación. ¿Cuál es su rol? Estudiar la ciudad y definir si la localización de las obras está bien" explicó.

Apeló a un caso de actualidad: "Hoy el gobierno municipal dice que tiene tres lugares para instalar un frigorífico. Eso no existe. No hay tres lugares; hay que estudiar en qué lugar se debe instalar, porque cada cosa tiene su impacto".

Diferenció de cualquier estudio en su tipo que "estos estudios estén a cargo de arquitectos de la propia ciudad, no arquitectos que vienen de Buenos Aires o de otras grandes urbes. Pero nunca ningún gobierno no dio respuestas para la ubicación de ninguna cosa".

Su veredicto fue que "la ubicación es bastante mala, porque si bien va a revitalizar la zona, va a producir un gran impacto en la circulación vehicular, en el estacionamiento. No es un barrio de la Ciudad que esté preparado para eso".

"Sólo hay que ver lo que es hoy el Juzgado, con una demanda de estacionamiento muy grande en un rincón de Olavarría que es mucho más tranquilo que el microcentro -comparó-. Se amplió el estacionamiento medido entre las cuatro avenidas y vamos a poner un coloso que va a requerir mucho más estacionamiento. No es coherente".

Coincidió con la opinión del presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, doctor Gastón Argeri, quien la consideró "una obra de otro tiempo".

"Este proyecto salió de un concurso, si mal no recuerdo, y la que dio las pautas fue la misma Justicia. Está claro que no es el edificio que debería ser para el rol que va a cumplir" sostuvo.

En tal sentido, reveló que "no sólo en Justicia, sino en todos los ámbitos del Estado, como profesionales de la construcción nosotros estamos pidiendo hace rato que se digitalicen todos los expedientes".

"Figura en el nuevo reglamento de construcción que está cajoneado hace dos años y no lo quieren aprobar, donde se habla de la digitalización de planos. Las correcciones del mismo Estado van en sentido contrario, cuando permitiría ahorrar espacio, tiempo, perfeccionar y agilizar los expedientes, mayor accesibilidad. El mismo Estado habla de transparencia y eficiencia y lo único que hace es apoyar la burocracia" opinó. "Lo digital, en una nube, lo podría ver cualquiera" destacó.

El arquitecto Arguiñena tomó contacto con los planos del edificio de Polo Judicial. "Viendo el proyecto y charlando con el arquitecto que lo hizo no le veo muchas posibilidades de cambio desde el momento que se pidieron esos lugares y espacios" especuló. "Creo que tiene una pila de oficinas que definen a un Estado burocrático" afirmó.

Valoró al tema central de haber reinstalado al Polo Judicial en la agenda mediática: la reanudación de las obras: "Obviamente nos llena de esperanzas más que nada".

"Se cometió un error político cuando se abrió un expediente judicial por un supuesto sobreprecio, en el cual ingresó el expediente de obra, y esa es una de las tantas razones por las que esto se ha retrasado, juntando la obra con la causa judicial" consideró.

Arguiñena se mostró extrañado que por un lado se hable de sobreprecios y por el otro se especule que la obra será continuada por la misma empresa que la inició. "Si hay sobreprecios en el Estado o en cualquier construcción seguro -subrayó- la que no sigue la obra es la empresa que estaba haciéndola".

"La obra salía 347 millones de pesos con un dólar a 16 pesos y cuando se paró el dólar ya andaba por los 40 pesos. Yo no lo veo como sobreprecios sino mayores costos, porque obviamente nadie que construye va a poder mantener los valores con los que ganó la licitación ante semejante devaluación. No hubo respuestas del Estado ante ese desfasaje y obviamente la obra se paró" argumentó.

También se refirió a la indisimulable continuidad de esa grúa amarilla en el centro de la Ciudad, otorgando un paisaje exótico para un sector muy transitado Olavarría: "A mi entender sigue estando porque si no solucionan lo que le deben a la constructora, esta no puede sacar nada por una cuestión legal básicamente".

Marcó que "(el gobernador Axel) Kicillof dijo que va a poner 450 millones, cuando el dólar está casi a 220 pesos. Está reconociendo todos los valores de más que hay, o la variación que se produjo".

"Tengamos en cuenta que todos los presupuestos de obra están variando semana a semana; cómo no va a suceder en una obra de esta envergadura durante 2 años. Nada extraño, por otra parte, en lo que es construcción para un país inflacionario como la Argentina" observó.

"Yo estoy construyendo un par de viviendas, y lo primero que les dije a los propietarios fue que todo lo que puedan destinar a comprar materiales lo hagan apenas empecemos a charlar" ejemplificó.

El ex titular del Distrito VIII del Colegio de Arquitectos certificó que "toda obra parada es peligrosa y más cuando en este caso -como comentaron desde el Colegio de Ingenieros- hay gente adentro. Es raro, también, que no se haya cortado el suministro eléctrico cuando una obra está parada, según la denuncia que hicieron los ingenieros cuando publicaron su informe".

"Me pregunto qué va a pasar con la plata que le deben a la constructora que levantó lo que está hecho de la obra. Si la Provincia no le pagara para poder hacer otra licitación pública, o no continuara la misma empresa, estaríamos ante un juicio al Estado que tendríamos que pagar entre todos" cerró.