En horas de la mañana de ayer representantes del Ejecutivo Municipal radicaron en la comisaría Primera una denuncia por los daños ocasionados a los equipos, instalaciones y cámaras de seguridad que se encuentran en la rotonda de avenida Emiliozzi y calle 118, en el barrio Belén. Además expusieron que los técnicos que el mismo miércoles instalaron los equipamientos debieron retirarse antes de terminar su labor tras ser amenazados por vecinos. "La orden es sacarla porque nos rompieron todo y hay que volver a comprar", se refirió.

Las cámaras e instalaciones fueron dañadas en el cierre de la tarde del miércoles, cuando en ese sector se convocaron familiares de un recluso de la Unidad Penal Nº 38 que desde el lunes se encuentra internado en el Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" tras sufrir un ACV. En la manifestación, donde por más de dos horas fue cortada de manera total la avenida Emiliozzi, plantearon que el hombre de 46 años habría recibido malos tratos (ver recuadro).

La denuncia por las roturas fue radicada por el director del Centro de Monitoreo Municipal, Daniel Manuel, quien estuvo acompañado por el ingeniero y el técnico que forman parte de la empresa a cargo de la instalación de las cámaras en este sector, y que viajaron desde Mar del Plata para realizar las tareas. Incluso fuentes consultadas por EL POPULAR explicaron que debieron abandonar el trabajo tras ser agredidos y amenazados.

Las pérdidas

En diciembre del año pasado se licitó la compra e instalación de las cámaras de seguridad en los accesos a los barrios Belén y Matadero; y en el acto realizado en el Palacio San Martín, el director del Centro de Monitoreo expresaba que "va a ayudar a la Policía a resolver algunas cuestiones de inseguridad en la zona y que los vecinos puedan estar más tranquilos". En la licitación se presentó una oferta económica de 1.217.653 pesos realizada por la firma Nuzzar S.A., siendo el presupuesto oficial de $ 957 mil.

Al ser consultado sobre qué se hará con las cámaras, ayer Manuel indicó: "Vamos a dejar una antena porque la necesitamos, pero la orden es sacarlas porque nos rompieron todo y hay que volver a comprar. El temor es volver a instalarlas y que se vuelvan a romper". Ayer pasado el mediodía técnicos sacaron los equipos dañados que se habían emplazado en esa rotonda, aunque de manera preventiva contaron con custodia policial.

"Estas personas que están fuera de la ley, están inhibiendo a los ciudadanos a que tengan mayor seguridad. Porque están rompiendo todo lo que uno se está construyendo para que el vecino esté mas seguro. Son elementos públicos a los cuales hay que respetar", se lamentó el funcionario municipal.

Por otra parte, ayer en la sesión del Honorable Concejo Deliberante el concejal Einar Iguerategui (Cuidemos Olavarría) presentó un proyecto de resolución a través del que se solicitó al Gobierno Municipal realizar "las gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fin de lograr la instalación de un puesto móvil de vigilancia en la zona que involucra a los barrios Mataderos, Cuarteles, Belén e Isaura". En este proyecto se requirió además la colocación de cámaras de seguridad en esos barrios y mayor cantidad de luminarias en las calles.

La entrevista completa en diario El Popular