Ayer por la mañana se llevó a cabo -por solicitud del intendente Ezequiel Galli- una sesión extraordinaria para tratar la venta de una calle a Cementos Avellaneda. La misma se encuentra ubicada entre dos canteras pertenecientes a la empresa, por lo que posibilitaría llevar a cabo de manera "eficiente" su actividad minera.

Se trata de un tramo de 2.700 metros de un camino que conduce a la cantera "La Cabañita" sobre la que en 2013 se construyó un puente para mantener el camino "de uso público" y comunicar por debajo de las canteras. El monto de la venta es de 1.522.603.96 de dólares.

En dicho proyecto participaron las direcciones de Minería, de Medio Ambiente y de Hidráulica del Municipio, la Facultad de Ingeniería de Unicen para cualificar y cuantificar los recursos, la Facultad de Ciencias Sociales de Unicen que se encargó de contemplar las variables ambientales, sociales y patrimoniales y la consultora Plan A.

Además, se aclara que la empresa "asumirá a su costo la obligación de realizar una nueva traza, que será cedida al Municipio, asegurando la libre circulación hasta la finalización de la nueva calle, que deberá ajustarse a las especificaciones técnicas fijadas por el Municipio".

De entrada se preveía una sesión caliente, debido a que el interbloque Frente de Todos adelantaron su voto negativo en una conferencia de prensa realizada el lunes por la tarde para plasmar "irregularidades" en el proyecto de ordenanza, por lo que aseguraron que "en estas condiciones no podemos sesionar".

Durante el comienzo de la sesión, concejales de Juntos explicaron la importancia de llevar a cabo este proyecto, el cual constaba de dos proyectos de ordenanza para su final aprobación: la desafectación del dominio público y su posterior habilitación.

Asimismo, el dinero se depositará en un solo pago. El 50% del mismo será destinado al "desarrollo de infraestructura turística de las localidades serranas del Partido de Olavarría" y el 50% restante "al desarrollo de infraestructura de las localidades serranas y de los parques industriales del Partido de Olavarría". "No habrá ningún centavo destinado a gastos corrientes", señaló Martín Endere.

Tras un breve cuarto intermedio, solicitado por el Frente de Todos, se llevó a cabo la votación para la desafectación del inmueble, el cual fue aprobado por mayoría, con el voto positivo de Juntos, UCR-Juntos y de Ahora Olavarría.

Cuestionamientos y cruces

Desde un principio, los ediles de la oposición aseguraron estar a favor de la venta de la calle, aunque no de los modos y del tratamiento del expediente. Es por esta razón que Celeste Arouxet de Ahora Olavarría votó a favor de la desafectación. Sin embargo, reclamó que el valor de venta de la calle no refleja lo que es la realidad: "nadie está en contra de Cementos Avellaneda ni en contra de fomentar la inversión, al contrario. Acá estamos defendiendo el patrimonio de la ciudad".

Los cuestionamientos de la oposición durante la sesión que duró cinco horas fueron un reflejo de lo que se exclamó el día anterior en la conferencia de prensa, haciendo hincapié en el tipo de venta directo, la falta de tasación oficial y el poco tiempo para tratar el proyecto. En cuanto a este último punto, plantearon cuál era la urgencia para tratar la ordenanza de inmediato y no hacerlo con un tratamiento más extensivo en las comisiones.

Una vez más expresaron "falta de consenso, diálogo y trabajo en conjunto" por parte del oficialismo, un reclamo que se viene manteniendo en el tiempo. "Creíamos que nos podíamos poner de acuerdo y hacer cumplir la normativa como corresponde, pero otra vez nos desilusionamos", indicó Mercedes Landívar, presidenta del interbloque.

La edil aseguró que el expediente no tenía tasación, sino un avalúo por parte de la Facultad de Ingeniería, por lo que "no sabíamos cual era el valor por el que íbamos a vender esta calle", y agregó que durante la sesión "nos apareció una aclaración diciendo que es una tasación. Lo lamento muchísimo porque sé del prestigio de la Facultad y de la clase de profesionales que hay, pero esto realmente es una vergüenza"

Por parte del oficialismo, quien replicó fue Maite Salerno, quien afirmó que "los concejales que estamos desde antes del 10 de diciembre ya sabíamos las modificaciones que íbamos a realizar. Fueron arreglos que se hicieron en conjunto entre todos los bloques. Hicimos todas las mociones en conjunto como estaban acordadas"

Además, manifestó que el subsecretario de Minería de la Provincia de Buenos Aires, Federico Aguilera, estaba en conocimiento del proyecto y del valor de compra, y cuestionó que desde la oposición "dicen que acompañan el proyecto pero no acompañaron la desafectación".

En respuesta, el concejal Maximiliano Wesner comentó que la Subsecretaría de Minería "no fue convocada a trabajar en conjunto el expediente, recién tomó conocimiento de este a fines de octubre", y que "Aguilera en ningún momento se manifestó a favor del expediente y de sus condiciones".

Además, el edil que asumió su banca el 13 de diciembre lanzó una acusación que "el que firma el informe de avalúo por parte de la Facultad es una persona que tiene una empresa de servicios cuyo principal cliente es Cementos Avellaneda. Esto es un mamarracho".

Finalmente, tras siete mociones planteadas y aprobadas por unanimidad, el proyecto obtuvo el voto positivo de Juntos y UCR-Juntos (11 votos) y el negativo de Ahora Olavarría y Frente de todos (9 votos), por lo que resultó aprobado por mayoría.

Comisión de Legislación: analizarán la implementación de la cuota capital de Coopelectric

Días atrás, Coopelectric anunció que aplicará desde enero la cuota capital, lo que significará un aumento entre el 20 y el 30 por ciento en la facturación de los consumidores del servicio eléctrico.

Al respecto, desde el Frente de Todos se solicitó el tratamiento sobre tablas en la sesión de ayer, que finalmente por pedido de Juntos se aprobó unánimemente que pase a la comisión de Legislación para su análisis.

La concejala Telma Cazot señaló que se trata de un "cobro indebido que no corresponde" e indicó que "la Municipalidad debería tomar intervención porque la ley provincial determina que las municipalidades tienen que asistir al organismo de control en el ejercicio de las funciones y que deben recibir las denuncias y reclamos formulados por los usuarios respecto a la prestación del servicio público a cargo del concesionario".

Es por ello que desde el interbloque se solicitó que el Ejecutivo "haga la denuncia correspondiente" ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba). Además, en las últimas horas el Frente de Todos denunció a Coopelectric ante el mismo organismo (ver en esta misma edición).

En un comunicado, la Cooperativa había argumentado que la implementación de la cuota capital se debía al congelamiento tarifario por parte del gobierno nacional. Cazot dijo que si bien el congelamiento existe, "el gobierno provincial ha asistido mediante subsidios a las cooperativas eléctricas", en relación al subsidio de 2000 millones de pesos entregado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Público, de los cuales a Coopelectric le corresponden 96,6 millones.

Asimismo, su compañero de bloque Juan Sánchez pidió la intervención del delegado del Municipio en Coopelectric (Fermín Ferreira) para que "solicite la interrupción de esta aplicación y que nos informe del acta de la asamblea, para ver si el anuncio público se condice con lo reflejado en acta, como debería ser".

"Si la Provincia les está dando un subsidio, no nos aumenten la luz. Siempre somos socios de las pérdidas de Coopelectric", cuestionó.

A su vez, Arouxet solicitó que se trate en conjunto en dicha comisión con el proyecto que busca crear un organismo de control de servicios públicos.