El empresario y legislador massista habló con el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98POP, y dijo que "son tres proyectos: uno que crea el monitoreo de precios, otro que crea tribunales arbitrales, y el tercero que autoriza al Secretario de Comercio, así como a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a tomar medidas dentro de un intervencionismo que no se conoció en la Argentina".

La nueva ley buscaría controlar todo el proceso económico y no habría nada que no quede bajo la vigilancia oficial. Concretamente, y como dijo De Mendiguren, "a usted le dicen qué tiene que producir, cuál debe ser su margen de rentabilidad, analizan la cadena productiva suya y le dicen a qué precio lo debe hacer. Autorizan a que le decomisen la mercadería y la venden sin proceso previo. La nueva ley autoriza a revisarle la documentación que se tenga para la producción..., en síntesis, usted le entrega la empresa al gobernador de turno. Además, los criterios que puedan tener Gildo Insfrán, Alperovich, Gioja o De la Sota pueden llegar a ser muy diferentes".

Añadió que el Secretario de Comercio "nos dijo que no era el espíritu de la ley llegar a eso, pero si es así, entonces que no lo pongan. Todos queremos proteger al consumidor, pero esto no se lo hace destruyendo a la inversión", sentenció.

Tras ello, el diputado del Frente Renovador apuntó que "hay otra peculiaridad y es que por primera vez un funcionario puede obligar a una firma a producir a pérdida una mercancía. También la otra variación es que la aplicación de multas que pueden alcanzar el triple de la ganancia irregular de tal o cual empresa calculada por quien aplica la multa. En consecuencia, los funcionarios pueden disponer la quiebra de una compañía con sólo incrementar su pasivo a través de las sanciones o multas".

Un proyecto polémico

Para José Ignacio de Mendiguren, "un consumidor primero es un trabajador que cobra un sueldo y luego consume. Por lo tanto, la forma de protegerlo no es ésta. Estamos viviendo un momento muy especial y para parar el desempleo hay que fomentar la inversión y no ahuyentarla. Nosotros no estamos de acuerdo con que ésta fue una década perdida o ganada, sino partida. Aquí hubo dos etapas muy distintas. Una, que se mantuvo desde 2002 hasta el 2009, fue de fuerte crecimiento económico, de fuerte generación de empleo, y se acumulaban reservas. Los motores fueron el tipo de cambio competitivo, la baja inflación y el superávit comercial y fiscal. Todo eso está a la vista que se paró. En vez de ponerlo en marcha y volver al círculo virtuoso, se tomó y se sigue tomando el camino contrario", dijo a EL POPULAR Medios.

Advirtió luego que los empresarios que protagonizaron esa primera etapa de la década, "son los mismos que hoy están. Yo pregunto: ¿fue necesario el cepo y aplicar ahora esa ley para ahuyentar la inversión? La misma ley que pretenden aprobar ahora es la que aplicó Venezuela y el resultado concreto fue el desabastecimiento, la expropiación de 1.094 empresas, el cierre de 22.000 establecimientos y una brecha cambiaria del 1.050 por ciento. Si éste es el camino que se está eligiendo, no nos va a ir bien. ¿Por qué, entonces, no se retoma lo que pasó en la primera etapa?", volvió a preguntar.

El oficialismo es comenzar a tratar hoy la reforma de la Ley de Abastecimiento o lo que han dado en llamar "para defender a los consumidores", pero para De Mendiguren, aun si la aprobaran por mayoría, "es inconstitucional. No se puede delegar este tipo de poderes sobre un funcionario. Además, pretenden aplicar multas enormes que los empresarios deberían pagar y luego apelar. Sí, este proyecto es inconstitucional".