La recesión sigue, la inflación no para, el gasto crece, la emisión se multiplica, el tipo de cambio se atrasa, se pierden puestos de trabajo, pero igualmente la nave va, atrapada en cuestiones semánticas.

Pese a lo evidente, el ministerio del ramo y sus satélites, más toda la difusión gubernamental atrás, por estas horas están más preocupados en intentar convencer a los argentinos que no hubo default que por gobernar la economía.

En este sentido, el tratamiento viene fallando y se vuelve a repetir un clásico: la gestión para corregir la situación resulta ser deficitaria y en vez de cortar con la medicina, se amplían las dosis.

En tanto, la oposición mira el partido desde afuera y hasta se aguanta que se la acuse de inoperancia, mientras que los precandidatos oficialistas ni siquiera se atreven a plantear alguna alternativa. Cualquiera de ellos debería estar genuinamente interesado en que la crisis no se profundice, porque la van a tener que pilotar.

Lo puntual es que hay parálisis y no sólo productiva, sino de medidas efectivas, porque el Gobierno carece de herramientas y las que tiene, las que difunde la Presidenta cuando habla de inversión estatal o demanda agregada, son las que llevaron al escenario previo a la devaluación de enero.

Tampoco abunda la credibilidad que sustente un programa económico integral, ni se nota que haya funcionarios dispuestos a salir del esquema de la hora: pegarle a los buitres, al juez Thomas Griesa o al mediador Daniel Pollack. Suelen fantasear que, con este libreto, los ciudadanos no prestan atención a lo económico y hasta se olvidan del vicepresidente Boudou.

Creen que hablando de "default trucho" agradan a Cristina y le hacen ganar puntos en las encuestas, aunque en rigor de verdad la complican mucho más porque la gente apoya con el bolsillo y en este escenario tan complicado, ya desde mucho antes de los sucesos de la semana pasada, no se vé ninguna creatividad para salir del atolladero.

Resulta patético observar cómo se pierde el tiempo y se gastan titulares en hablar de denuncias, investigaciones y pedidos de informes para intentar demostrar que los fondos-buitre no tienen escrúpulos, algo que todos saben de memoria y no para generar alternativas creíbles que permitan capear el temporal.

Todo el problema para el Gobierno hoy pasa porque el viernes pasado un nucleamiento global de empresas aseguradoras decidió que había que pagarles a quienes sacaron un seguro contra un eventual impago de la Argentina.

Ocurrió que sin ser tan rimbombante como las vilipendiadas calificadoras de crédito, la ISDA no puso ninguna nota sino que decidió atender el pago de la póliza y, al hacerlo, corporizó el default.

Lo cierto es que más allá de llamarlo "evento de crédito" no se buscó "otro nombre" para la situación, como pidió la Presidenta, sino que la acción habló por sí sola. Chau relato: como un auto chocado, quedó bien claro que si el seguro paga es porque la Argentina entró otra vez en la lista negra.

Y si bien esta vez no es tan grave como la de 2001 se trata de un default al fin, sobre todo si se atiende que los bonistas que están del otro lado del mostrador no cobraron, pese a que la Argentina dice que pagó.

¿Ocurrió por responsabilidad de Griesa? Sí, pero es bueno marcar que la energía que hoy se pone en denostar al octogenario juez por lo enrevesado de su fallo, quizás debió ser utilizada cuando se hizo la apelación ante sus superiores, instancia que también perdió la Argentina. O el caso debió ser explicado mejor ante la Corte Suprema de los EE.UU., que ni siquiera lo consideró.

De intentar un Plan B más coherente al estilo del resto del mundo, de las culpas propias o de hacerse cargo alguna vez de algún problema, otro clásico kirchnerista, tampoco se habla. DyN