El proyecto que cuenta con media sanción del Senado desde octubre de 2020, y el 13 de julio pasado obtuvo dictamen favorable en el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, espera que se establezca una fecha para su tratamiento en el recinto.

En el marco del debate de la normativa que busca establecer un etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas, ciertos sectores manifestaron sus dudas respecto al presunto impacto negativo de este sistema sobre la economía argentina.

Ante esto, la FIC, a través de un comunicado, aseguró que "la experiencia de países que lo han implementado, así como la evidencia libre de conflicto de interés, demuestran que no es esperable que el etiquetado impacte negativamente sobre los empleos, salarios ni en la producción en términos agregados".

El organismo recopiló las respuestas a todos los argumentos planteados durante el debate en un documento "con el objetivo de generar un panorama claro y fundado en investigaciones y experiencias reales en torno al debate del proyecto de ley".

En el mismo desmiente que el etiquetado vaya a generar pérdida de empleos y baja de salarios en el sector de alimentos y agregó que "en Chile, donde la medida se aprobó en 2016, la evolución del empleo no se vio afectada ni en la industria alimenticia en particular ni en la industria manufacturera en general, cuando se la compara con un grupo no sujeto a la norma".

"Esto permite afirmar que, incluso si la medida hubiera generado pérdidas de empleo en sectores manufactureros específicos, el cambio fue compensado por otros sectores, sugiriendo que las empresas alimenticias tienen el potencial de sustituir y relocalizar empleos ante la reducción de las ventas en un cierto rubro para cubrir el aumento en las de otro", agregó.

La FIC afirmó que "dadas las similitudes en las características de la industria alimenticia entre los países" es factible tomar como referencia el impacto de la normativa "sobre niveles de empleo y salarios para prever posibles efectos de la misma en Argentina".

Asimismo, sentenció que no se puede afirmar que el etiquetado frontal perjudicará la exportación de alimentos argentinos, otro de los puntos en que algunos sectores cuestionan al proyecto y aseguró que "la ley se limita a regular el etiquetado de los productos comercializados en Argentina" y remarcó que así se establece en el artículo 3 de la normativa presentada.

"Actualmente el Estado destina millones de dólares para atender las enfermedades relacionadas con la malnutrición. Éste es un factor clave a considerar a la hora de evaluar el impacto económico de esta política de salud. La ley de etiquetado es una herramienta efectiva para generar entornos cada vez más saludables e informados, reducir estas enfermedades y, en consecuencia, los gastos del Estado", señaló Victoria Tiscornia, investigadora de FIC Argentina.

Y agregó: "Están todos los elementos dados para que la Cámara de Diputados apruebe esta normativa sin cambios y con urgencia, dado que el proyecto pierde estado parlamentario en cuatro meses". Télam