Fueron ordenanzas impulsadas por bancadas opositoras y aprobadas sin el apoyo del oficialismo. Justamente, por la forma en que se habían aprobado era previsible la decisión de Ezequiel Galli, la cual se conoció en la mañana de ayer, aún antes de que la documentación se enviara al Deliberativo.

Los dos vetos fueron totales y entre los argumentos se consideró que el HCD avanzaba sobre "atribuciones del Ejecutivo". Los decretos volverán al Concejo para su tratamiento. Para rechazarlos y que las ordenanzas queden firmes se necesitan dos tercios de los votos.

Eximición de tasa

"La Ley Orgánica de las Municipalidades otorga al Ejecutivo la exclusividad de la iniciativa para la modificación presupuestaria, reservando al Concejo Deliberante la facultad de modificar las partidas correspondientes a su propio presupuesto". Con esa consideración el Ejecutivo municipal vetó la ordenanza que eximía del pago del 50% de Tasa de Seguridad e Higiene a contribuyentes que hayan facturado menos de 36 millones de pesos.

El proyecto había sido presentado por el interbloque Frente de Todos y se aprobó por mayoría el 26 de agosto: el bloque Juntos votó en contra. Los beneficios regían desde el 1º de enero de este año hasta el 31 de diciembre y estaba orientada a monotributistas. Se buscaba ampliar los beneficios impositivos vigentes a comercios y pymes locales afectados por la pandemia.

Durante la sesión, desde el oficialismo se cuestionó, entre otros aspectos, que no se prevía la forma de devolución de los cobros ya efectuados y que ya estaba en vigencia otro beneficio dispuesto por el Municipio.

Entre los argumentos para el veto se señaló también que la ordenanza "conlleva a la vulneración del principio de estabilidad presupuestaria" que prevé la misma Ley Orgánica y que su aplicación "resulta un avance manifiesto sobre sus atribuciones la pretensión de disponer exenciones tributarias".

Para Galli, promulgar la ordenanza implicaría "forzosamente una modificación de los ingresos calculados en el presupuesto".

Control de concesiones

El segundo decreto conocido ayer con la firma de Ezequiel Galli recayó sobre un proyecto que también se aprobó el 26 de agosto a propuesta del unibloque UCR, que lo había presentado en 2019. Se trata de la ordenanza que creó el organismo de control de concesiones municipales y que fue aprobado con los votos de todos los bloques, excepto de Juntos.

"Crea un organismo de control de servicios públicos que no se encuentran en tal categoría, como la recolección, barrido y disposición de residuos sólidos urbanos, y disposición de residuos patogénicos, confundiendo el universo a controlar" consideró el Ejecutivo municipal para oponerse a la promulgación.

También se agregó que la ordenanza "atribuye funciones propias del Ejecutivo, siendo que el Ejecutivo dispone quiénes serán designados para la fiscalización de todo lo concerniente a la prestación del servicio que se concesione, como asimismo, al cumplimiento de las ordenanzas de tarifas y precios".

Entre los motivos para el veto se cuestionó la composición propuesta del organismo: "un funcionario ad honorem, con el requisito de un concurso cuyas bases no se detallan, y un representante de cada colegio profesional sin especificar qué Colegios tendrían incumbencia para fiscalizar".

Por último, también se argumentó que la ordenanza aprobada crea un régimen sancionatorio, que "viola el principio de juez natural y de ley previa, ambos consagrados constitucionalmente y revalidados jurisprudencial y convencionalmente".