A su vez, planteó la existencia de una "interna" hacia adentro del oficialismo municipal: en Juntos se cuentan tanto la UCR, impulsora de la ordenanza, como integrantes de Coopelectric, una de las empresas cuya concesión sería controlada por este organismo.

En este punto, cabe recordar que la concejal ha expresado críticas a la gestión de la cooperativa sobre el servicio de obras sanitarias desde que presidió la Comisión Especial del Agua en el HCD a inicios de 2020: se opuso al aumento tarifario del servicio y hasta cuestionó el balance financiero que presentó la empresa.

El comunicado

"El día después de las PASO, Ezequiel Galli le dijo no al organismo de control de concesiones municipales. Lo impulsaba la UCR, actual socia política de cara a las elecciones de noviembre. Desde Ahora Olavarría apoyamos el proyecto porque aportaría transparencia a la gestión. Coopelectric y los 23 millones de pesos que no fueron a obras de agua son un claro ejemplo" sostuvo Ahora Olavarría a través de un comunicado.

Se explicó que el Fondo de Obras de Infraestructura, un cobro a todos los usuarios de obras sanitarias para destinar a obras en ese servicio, no fue percibido en su totalidad por el Municipio: "la cooperativa sólo le giró 3.660.301 pesos cuando se preveía un total de 27.150.000 pesos" indicó para plantear, entre otros aspectos, "¿por qué se produjo semejante desvío? ¿El Municipio solicitó documentación respaldatoria que justifique esa diferencia? ¿Desde el Ejecutivo se inició una auditoria interna a la concesionaria para evaluar esa descompensación? ¿Qué obras se suspendieron producto del no giro de esos más de 23 millones de pesos?".

Se consideró que "estas respuestas" las daría el organismo de control vetado por el Intendente para recordar que lo propuso "la UCR, su socio electoral. El mismo espacio político con el que unificará listas de cara para las elecciones de noviembre tras el resultado de las PASO".

El 26 de agosto, cuando se trató la propuesta en el Concejo, Arouxet votó a favor: "es sumamente necesario crear un organismo de control de los servicios públicos concesionados por el Municipio. Un contralor así imprimiría transparencia y evitaría correr la misma suerte que con el Matadero Municipal que al finalizar la concesión tuvo como devolución una pila de fierros rotos que no sirven para nada y los únicos perjudicados somos todos los olavarrienses" contrastó.

Ahora Olavarría atacó al jefe comunal al afirmar que "no quiere la transparencia ni está dispuesto a ejercer un control sobre una empresa multiservicios que está en manos del curismo, aliado político del oficialismo con un concejal en ejercicio y un par que se candidatea detrás de la lista que encabeza Bruno Cenizo. Galli tampoco está decidido a asumir el poder de policía en favor de los olavarrienses que sufrimos las falencias del servicio con baja presión de agua, cortes recurrentes y días enteros de altas temperaturas sin este recurso esencial".

En el cierre reiteró su apoyo a la iniciativa: "desde Ahora Olavarría junto con Celeste Arouxet y Guillermo Lascano insistiremos en llevar tranquilidad y transparencia a los vecinos y apelamos el veto".

El veto del Ejecutivo

El decreto del Intendente en rechazo a la iniciativa se conoció la semana pasada: fue un veto total a la ordenanza que se había aprobado por mayoría con votos de todos los bloques, excepto de Juntos.

"Crea un organismo de control de servicios públicos que no se encuentran en tal categoría, como la recolección, barrido y disposición de residuos sólidos urbanos, y disposición de residuos patogénicos, confundiendo el universo a controlar" consideró el Ejecutivo municipal para oponerse a la promulgación.

También se agregó que la ordenanza "atribuye funciones propias del Ejecutivo, siendo que el Ejecutivo dispone quiénes serán designados para la fiscalización de todo lo concerniente a la prestación del servicio que se concesione, como asimismo, al cumplimiento de las ordenanzas de tarifas y precios".

Entre los motivos para el veto se cuestionó la composición propuesta del organismo: "un funcionario ad honorem, con el requisito de un concurso cuyas bases no se detallan, y un representante de cada colegio profesional sin especificar qué Colegios tendrían incumbencia para fiscalizar".

Por último, también se argumentó que la ordenanza aprobada crea un régimen sancionatorio, que "viola el principio de juez natural y de ley previa, ambos consagrados constitucionalmente y revalidados jurisprudencial y convencionalmente".

El decreto retornó al Legislativo la normativa y para que quede firme se necesita una mayoría especial que la oposición no tiene, con lo que se espera que finalmente, el veto prevalezca.