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Una delegación municipal encabezada por la subsecretaria de Desarrollo Social Silvana Rosales, Marina Colman y el subsecretario de Seguridad Daniel Borra se hizo presente en la mañana de ayer en la toma de tierras del barrio Lourdes, donde varias familias resisten la orden de desalojo dictada por el juez de Garantías Carlos Villamarín.

En medio de dramáticas condiciones ambientales y del clima, una de las vecinas que participan en la toma denunció que los agentes comunales "vinieron a hablar con la única familia que está acá peleándola por todos con la intención de sembrar miedo".

Interviene en el caso el fiscal Miguel Piñeiro de la UFI 10. "Lo que se hizo fue responder a un pedido de la Justicia, para verificar la situación de toma del terreno; nada más. Por eso se bajaron para hablar con los vecinos, charlaron con ellos. Se tomaron imágenes porque así lo pidió la Justicia" explicó el doctor Diego Robbiani, secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.

El miembro del gabinete que encabeza Ezequiel Galli sintetizó que "la cuestión merece un análisis particularizado", advirtió que el Municipio no avala "la toma como un delito para que se les responda automáticamente con un terreno o una vivienda" y resaltó la convicción de ser "justos con el resto que está esperando una respuesta del Municipio, para un problema que es histórico, con el que venimos trabajando desde hace 5 años".

Cerca de 30 familias recibieran la notificación formal de desalojo (a raíz de la denuncia que realizara el Ejecutivo el mes pasado ante la Justicia) y se iba a terminar de concretar ayer, pero fue postergado por las malas condiciones climáticas.

"La orden del juez es formalizar el desalojo cuando mejoren el tiempo" aclaró.

Robbiani explicó que "el Municipio fue conversando con cada uno de los vecinos, inclusive con los que permanecen en el lugar. Puntualmente se va a trabajar con la gente que está en ese lugar y paulatinamente se irán atendiendo las distintas necesidades".

"Es importante saber que todos tienen un domicilio donde están viviendo. Está comprobado que en la toma no hay familias en situación de calle" dijo.

En tal sentido, Robbiani indicó que "situación de calle significa que no tienen un lugar dónde vivir, y todos ellos tienen un lugar para vivir. Que estén complicados para pagar un alquiler, o que vivan en situación de multiplicidad en la misma vivienda es otra cosa".

"Todos tienen un domicilio, y de hecho a muchos los hemos contactado en sus domicilios. Esto surge del relevamiento que se hizo en su momento con Provincia" acotó.

El secretario de desarrollo humano y calidad de vida manifestó que el análisis de fondo con este colectivo lo debe hacer Desarrollo Social con el área de hábitat, más específicamente de tierras y graduación dominial, para diagnosticar cuáles son las condiciones de estas familias.

"Si no pueden pagar un alquiler, si viven hacinados y necesitan una ampliación de sus hogares, si necesitan un terreno. Son distintas las situaciones, por eso no es tan simple como salir de allí y llevarse un terreno a su propiedad" enfatizó.

"Además en la ciudad no abundan los terrenos, y nosotros vamos a respetar lo que establece el registro de demanda habitacional, donde hay muchas familias inscriptas que decidieron no tomar tierras, ni usurpar" subrayó.

"Se los citó a todos en la semana para una evaluación con el personal de tierras y viviendas, y en conjunto con el resto de los ciudadanos que no están en la toma iremos haciendo las tareas de abordaje desde los social y lo habitacional" prometió.

Robbiani fue enfático y anticipó que "por más que estén en la toma, no vamos a entregar un terreno si no corresponde. El Municipio no avala una toma como medio de presión para obtener un beneficio".