Investigan un presunto caso de trabajo infantil y explotación laboral
Interviene el Juzgado Federal de Azul. El Municipio dice que no fue notificado. Desde el CAJ impulsan una mesa regional para abordar casos como éste.
Desde el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) detectaron la "presencia de menores" y trabajadores "sin registrar" bajo condiciones de "extrema precariedad" en un establecimiento hortícola ubicado en Del Valle y ruta provincial 60.
La inspección se llevó a cabo el viernes 21 de marzo en una huerta familiar a raíz de una denuncia anónima realizada ante la delegación local de la Policía Federal y a partir de ahí se dio intervención al Renatea.
El organismo comprobó que había 18 trabajadores de nacionalidad boliviana sin la correspondiente alta laboral en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), que manifestaron no estar registrados en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, además de desconocer por completo la ley que regula el trabajo agrario (26.727) y el derecho que los asiste.
Dentro del grupo de operarios "en negro" encontraron a dos adolescentes, de 17 y 15 años. Del total de trabajadores relevados, el organismo pudo establecer que 8 vivían dentro del establecimiento en condiciones de extrema precariedad y desconociendo su salario o jornal.
Desde la entidad indicaron que los trabajadores deben estar registrados en el Renatea, a partir de lo que establece la Ley 26.727 que regula el trabajo agrario.
Según la comunicación oficial del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la inspección fue en conjunto con los Ministerios de Trabajo de la Nación y Provincia, AFIP, ARBA, el Departamento de Migraciones, Policía Federal Argentina y el Centro de Acceso a la Justicia Subdelegación Olavarría (CAJ), entre otros organismos. La denuncia se habría formulado ante el Juzgado Federal de Azul.
Ya el mes pasado, el Renatea había detectado otros casos de trabajo infantil y mayores sin registrar en el partido de Villarino, al sur de la provincia de Buenos Aires, haciendo las denuncias correspondientes en la Fiscalía General de Bahía Blanca.
Los operativos de fiscalización se enmarcan en la estrategia de abordaje territorial que impulsa el Estado Nacional a través del Renatea en todo el territorio de la República Argentina.