"El marco que divide, respecto de la aplicación o no, es la penalidad. Tiene que tener una pena superior a 15 años" explicó Pizzolo y comentó que se retrasó la puesta en practica del nuevo sistema judicial porque no se definía quien debía efectuar el sorteo de los posibles jurados.

"La proporción es de una persona cada mil habitantes" dijo y comentó que "es una carga pública, como ser un testigo en un proceso". Explicó que "van a ser convocados para el propio departamento judicial y confirmó que habrá una compensación para aquellos que trabajan. "Quedan excluidos abogados, policías, penitenciarios, aquellos que tengan rango de directores provinciales o municipales" remarcó.

"La idea es que haya una pluralidad y que sea una mixtura de hombres y mujeres en la composición de los jurados" aseguró.