"Cifras duras que no sólo cuentan; expresan la situación de colapso sostenido y en aumento del sistema punitivo: un sistema de la crueldad que genera padecimiento y carencia a quienes somete, y menoscaba la oportunidad de superar vidas signadas por la violencia". Ese apartado puede leerse en el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que fue presentado en la jornada del último viernes en la capital provincial.

En la obra, comprendida por más de 600 páginas, se da un crudo detalle acerca de todo lo recabado durante el 2017 acerca de la situación y condiciones en las que se encuentran personas privadas de la libertad alojadas en las 62 sedes dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya sean cárceles o alcaidías.

Si bien el punto ha sido citado y expuesto en ediciones anteriores, lo que hace aún más dramático y revelador el presente informe son las cifras en cuanto a los niveles de sobrepoblación en las cárceles bonaerenses, donde se ha alcanzado un récord histórico, según se afirma en varios pasajes de la obra. A fines del año pasado el número de personas privadas de su libertad ascendía a 43.094, un índice de prisionización de 253 cada 100 mil habitantes.

El análisis pormenorizado de ese número deja aún más expuesta la cruda realidad que se vive intramuros. De esas más de 43 mil personas, alrededor de 39 mil estaban en sedes carcelarias, con el dato para nada menor que las plazas o sea los cupos para alojar internos es apenas superior a los 20 mil. En otros palabras, se evidencia una sobrepoblación superior al 90%, una cifra que creció 20 puntos en un año.

Aún más grave es lo que se da en las comisarías del territorio bonaerenses, donde estaban alojadas al cierre de este informe las más de 3 mil personas restantes. Lo que aquí no debe pasarse por alto es que el número de camastros en los calabozos policiales apenas supera las mil unidades, dejando expuesto un nivel de sobrepoblación de casi el 200%. Por si no quedó claro, más de la mitad no tiene dónde dormir. Como si esto no fuera poco, más de un tercio de los detenidos se encuentran alojados en 109 comisarías que están inhabilitadas para tal fin, lo que Olavarría lejos está de ser la excepción.

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