El plenario legislativo votó esta iniciativa con el respaldo del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal y de Unidad y Equidad para el Desarrollo, Acción Federal y MPN, en tanto fue rechazado por dos legisladores de izquierda.

De acuerdo con el proyecto, el Poder Ejecutivo deberá asignar anualmente, mediante el Presupuesto Nacional, una suma de $ 850 millones para la promoción de estas actividades, por el plazo de 10 años, cifra que hasta el pasado 5 de abril era de $ 20 millones Consenso Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Agricultura, José Ruiz Aragón (Frente de Todos), destacó el consenso alcanzado entre los bloques políticos para "mejorar el dictamen", que contó también con los aportes realizados por la Mesa Nacional Ovina.

"Este proyecto cambia el concepto de recuperación por el fortalecimiento de esta producción", agregó.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Gustavo Menna señaló por su parte que "por primera vez desde que se instituyó este régimen legal en abril de 2001 venció en abril de este año, sin que hubiese una disposición a ir en auxilio y sostén de los productores ganaderos de todo el país". "Ahora estamos considerando un proyecto de 850 millones de pesos, que no es el ideal pero es mejor que la nada y es mejor que estar con este régimen vencido", agregó.

Desarrollo sostenido y sostenible El texto instituye un Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, destinado al "desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos".

A través de la iniciativa, se prevé "fomentar el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio".

Las unidades ejecutoras provinciales deberán aprobar los proyectos e incorporar otra función que es la de promoción.