Este jueves desembarcaron en nuestra ciudad varios profesionales pertenecientes al Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La presencia respondió a la investigación que se viene desarrollando en torno a un grupo familiar que vive en un establecimiento ubicado en las afueras de la ciudad de Olavarría. Se trata de la misma propiedad que días atrás fue sede de un operativo llevado adelante por personal del Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios). Precisamente, parte del saldo de esa intervención habría sido una exposición en la Justicia Federal, que se produjo este jueves.

Todo se llevó adelante en una hortícola que se encuentra ubicada en las inmediaciones de la intersección de avenida Del Valle y ruta provincial 60. Vale destacar que en ese mismo sitio en la jornada del pasado viernes 21 de marzo se había detectado la presencia de 18 trabajadores de nacionalidad boliviana sin la correspondiente alta laboral en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Además, habían manifestado no estar registrados en el Renatea y desconocer por completo la ley que regula el trabajo agrario (26.727) y el derecho que los asiste. 

Por otra parte, dentro del grupo de operarios "en negro" habían sido encontrado dos adolescentes, de 17 y 15 años. Del total de trabajadores relevados, el organismo pudo establecer que 8 vivían dentro del establecimiento en condiciones de extrema precariedad y desconociendo su salario o jornal.

Referentes regionales del Renatea designaron por ese entonces que lo encontrado se trató puntualmente de dos casos de trabajo infantil y 18 casos de trabajadores no registrados. "Todos formaban parte de un mismo núcleo familiar y estaban trabajando en el momento en que se hizo la fiscalización". Se agregó que había "malas condiciones de vivienda, falta de agua potable, falta de elementos de trabajo y seguridad y la no registración de los trabajadores" e incluso había "viviendo un recién nacido y dos chicos de 3 y 5 años, además de un adulto mayor".

Con respecto al trabajo se infantil fue determinante: "Los menores de 16 años no pueden trabajar, es una ley nacional y sobre eso no hay discusión. Es una infracción que haya menores de 16 años trabajando y en el caso de los grupos familiares, de 16 a 18 años pueden trabajar con autorización de los padres".

Finalizadas esas tareas, -que además contaron con la participación de agentes del Ministerio de Trabajo de la Nación, Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), del Departamento de Migraciones, de la Policía Federal Argentina y del Centro de Acceso a la Justicia Subdelegación Olavarría (CAJ)- los referentes del Renatea llevaron adelante dos acciones puntuales. Por un lado, formalizaron la denuncia correspondiente en el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Pero, a la par, también llevaron adelante la exposición pertinente ante la Justicia Federal.

Esta última instancia fue lo que derivó en las tareas desarrolladas en la mañana de ayer. De acuerdo con lo que se confió a EL POPULAR, se trató de la presencia puntualmente de dos psicólogas, quienes se entrevistaron con la totalidad de los moradores y trabajadores del establecimiento. Según se amplió, se trata de una intervención formal y de rutina que se aplica ante este tipo de casos para corroborar lo sostenido en la exposición que dio inició a todo. Más precisamente para poder avanzar fehacientemente acerca de la presunta existencia de una explotación laboral y una situación de precariedad y vulnerabilidad.

A la par, también intervino en las tareas personal de la delegación local de la Policía Federal, que requisó el domicilio y llevó adelante el secuestro de distintos elementos de interés, en su mayoría documentaciones y certificaciones laborales. Las actuaciones en el sitio fueron encabezadas por el fiscal federal del Departamento Judicial de Azul, Walter Romero. Vale destacar que por el momento no hay personas detenidas o demoradas, ya que las respectivas intervenciones se trataron de medidas de prueba.

Por último, las actuaciones y todos los elementos recogidos ya conforman parte de la instrucción del caso y fueron puestos a disposición del juez de la causa, el magistrado Martín Bava, titular del Juzgado Federal Nº 2 del Departamento Judicial de Azul, que deberá decidir cuáles serán los próximos pasos procesales.