La situación de Olavarría no varía con respecto a las instituciones provinciales que llevan adelante trabajos similares. Incluso, en la Provincia peligra la atención para discapacitados por falta de recursos. "Realmente están sufriendo situaciones horribles", planteó Muia.

En Olavarría, las instituciones que subsisten con los aportes provinciales son Talleres Protegidos, Crecer Juntos, el Grupo Ilusiones y la Asociación Olavarriense de Hipoterapia que lleva adelante el Dr. Lauhirat y que ofrece equinoterapia en capacidades diferentes, enumeró Rosita.

En Argentina hay unas 1.000 instituciones (entre las que se cuentan centros de día, hogares, escuelas y talleres) que asisten aproximadamente a unas 100.000 personas con discapacidad y hoy atraviesan un grave problema: la falta de recursos por la demora en los pagos.

De hecho, la deuda se calcula en unos 500 millones de pesos y el atraso en los aranceles que hace que varios de ellos se hallen al borde del cierre.

De las cerca de cien mil instituciones que hay en el país -aproximadamente el 60 por ciento de ellas se hallan en la provincia de Buenos Aires- no han recibido suba de prestaciones desde noviembre de 2013 y recién a partir de julio se autorizó una suba del 18 por ciento, pero por los atrasos en los pagos podrían empezar a percibir la suba alrededor de diciembre.

Aunque la situación es difícil en nuestra ciudad, Rosita Muia se mostró optimista y dijo que "esperamos un importante aumento en becas y subsidio que podría llegar mucho antes de fin de año".

Además, agregó que "a fines de mayo nos pagaron marzo, el 12 de julio nos abonaron abril y la semana que vienen quizás nos paguen lo que deben de junio". Con eso, "nos venimos sosteniendo más o menos bien", sintetizó, aunque aclaró que la colaboración de la gente es la que permite sostener la institución en el día a día.

Situación

Con 17.000 pesos mensuales, Talleres Protegidos debe pagar sueldos de tres empleadas, dos supervisoras y una directora, pero además mantener las instalaciones con todos sus servicios. "Es imposible sostener todo esto con lo que llega de Provincia", analizó Rosita Muia.

Por eso, destacó "la solidaridad de la gente, de toda la comunidad porque son una pieza fundamental para que podamos seguir adelante brindando la atención a los chicos que vienen a Talleres Protegidos todos los días".

La situación se repite en todas las localidades de la Provincia. Daniel Lipani de Aiepesa, una asociación que nuclea a unas 140 instituciones de discapacitados, dijo a la agencia de noticias DIB que "el problema es que no se actualizan los aranceles de acuerdo con los aumentos en los costos de vida, sueldos del personal y demás obligaciones de las instituciones que abarcan al sector" y agregó que a esto se suma "el importante atraso en los pagos de diferentes obras sociales en todo el país, de cuatro a cinco meses de demora".

Precisó, además que "esto pone en riesgo la continuidad de los servicios y afecta 90.000 puestos de trabajo y 100.000 personas con discapacidad que reciben coberturas de los servicios educativos, terapéuticos educativos, asistenciales, centros de rehabilitación, transporte y alojamiento, de todo el país".

El gran problema es que son instituciones que requieren de mucho personal y que el 70 por ciento de los recursos son para salarios y sólo el otro 30 debe cubrir el resto de los costos.

Por su parte, Pablo Molero, del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad explicó que la situación es muy compleja, "las prestaciones son diferentes, hay alrededor de 20 diferentes tipos de modalidades, depende de la entidad que se trate, ya que hay escuelas, talleres, hogares, etc. y cada modalidad tienen su prestación específica" y agregó que "hay una promesa de nueva suba en octubre y se está resolviendo el monto a aumentar", y aunque trascendió que se daría otro 10 por ciento, las instituciones coinciden en señalar que para regularizar la situación deberían recibir una suba del 40 por ciento aproximadamente.