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En esta disputa que hace una semana tiene de un lado del tablero al Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y del otro al Ejecutivo Municipal se movió ayer una pieza inesperada, cuando parecía que el acuerdo estaba presto a concretarse, tras la huelga que ha puesto en jaque al sistema de salud de la Ciudad.

Las partes en pugna estuvieron reunidas la cuarta parte del domingo.

Empezaron a las 18 y terminaron apenas después de las 24, se dieron la mano sobre la mesa de negociaciones, y quedó todo listo para anunciar el acuerdo y el fin del conflicto al mediodía de ayer.

Pero… Un grupo de médicos hizo el mismo domingo una denuncia ante la fiscal María Paula Serrano "por hechos que constituyen un riesgo sanitario".

No fue contra el STMO, ni contra nadie en especial, la cuestión es que el conflicto llegó a los estrados judiciales.

Con la presentación en sus manos, la fiscal Serrano ordenó ayer por la mañana a efectivos de la Policía Federal un relevamiento en las instalaciones del Hospital Municipal "Coronel Olavarría", en especial la guardia y la sala COVID.

Producto de lo incipiente de esta denuncia, la causa quedó caratulada como "averiguación de presunto ilícito" y, hasta el momento, no está prevista la citación de la conducción sindical, según anticiparon fuentes vinculadas con la investigación.

"Primero habría que corroborar algún delito", se argumentó.

El nuevo escenario habría provocado el disgusto de los dirigentes sindicales y la esperada conferencia de prensa para anunciar este lunes al mediodía un acuerdo paritario y el levantamiento de la medida quedó trunco.

Anoche, al tiempo que se escribía este informe, fuentes de las STMO, deslizaron que hoy al mediodía podría convocarse a una conferencia de prensa para dar su versión de este nuevo capítulo de la crisis en el sistema de salud de Olavarría.

El teléfono del secretario general del gremio, José Stuppia, estuvo mudo casi todo el día. Al atardecer respondió un whatsapp diciendo "estamos negociando".

En el mitin del domingo, en la sala de reuniones del Palacio San Martín, participaron ambos equipos paritarios.

Por el Ejecutivo Municipal el secretario de gobierno Hilario Galli, el doctor Marcelo Fabbi (Subsecretario de Legal y Técnica), Gabriel Requena (director de Personal), María Eugenia Bezzoni (Secretaria de Economía y Hacienda), Diego Robbiani (Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida) y Alexis Armanini (Subsecretario de Recursos de la Salud).

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría estuvo representado por Marcelo Díaz (Secretario de Finanzas), Marisa Luna (Secretaria de Organización), Hugo Scorolli (Secretario Gremial), entre otros, y por algunos minutos participó el Secretario General, José Stuppia.

"Anoche (por el domingo) teníamos todo cerrado, teníamos armado el escrito y estaba todo listo. Estuvimos desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche acá, pero pasó algo en el Hospital, hubo algún problema entre los médicos y el Sindicato, y frenaron todo", confió una fuente de la administración comunal.

"Ahí estamos, esperando lo que van a hacer. Nosotros más podemos hacer. Nos fuimos de la Municipalidad con todo listo en vista de que hoy (por ayer) nos íbamos a juntar al mediodía a firmar, pero con el despelote que se armó entre los médicos y el Sindicato pararon todo", aportó.

Esta fuente prefirió no dar detalles sobre el alcance del acuerdo. "Sería mejor esperar y ver qué van a hacer. No queremos salir a decir algo y que sea utilizado para seguir frenando el tema" advirtió.

Salvo casos excepcionales, los médicos y las médicas del Hospital, por su lado, han preferido mantenerse al margen y no formular expresiones públicas, aunque el malestar es evidente por las consecuencias de esta medida de fuerza.

"Este terrible lo que se ha vivido en los servicios, y nadie nos protegió. El Sindicato ahora está queriendo que se retire esa denuncia para firmar el acuerdo, pero se van a tener que hacer cargo de sus actos", subrayó un galeno que pidió reserva de identidad.

La crisis en el sistema de salud de Olavarría viene desde hace una semana.

Se desató el martes 13 por la noche, cuando camilleros, mucamas, administrativos, cocineros, personal de limpieza se hicieron presente en su lugar de trabajo, pero con retención de actividades.

El gobierno municipal, a través del doctor Fabbi, intentó pedir una conciliación obligatoria, y no tuvo éxito en el pedido ante el Ministerio de Trabajo.

Las partes se vieron las caras el jueves a través de la plataforma virtual "Cisco Web Meetings", con Blas Castellani, por la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo del Ministerio De Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, como anfitrión virtual en la primera audiencia.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (SMO) participó con su secretario general José Stuppia, el secretario de finanzas Marcelo Díaz, la secretaria gremial Marisa Luna, con el patrocinio legal de la doctora Luisina Stuppia.

Además, el doctor Ricardo Bradley lo hizo por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) y en representación de la Municipalidad de Olavarría estuvo el doctor Marcelo Fabbi.

Al cabo de tres horas de reunión, el funcionario actuante (Blas Castellani por la Subsecretaría) hizo saber que se encontraba vigente el Convenio Colectivo de Trabajo que regula la actividad, el que debe ser de estricto cumplimiento, así como la normativa que regula las condiciones mínimas de seguridad e higiene.

En este sentido, intimó "al Ejecutivo Municipal a cumplir con la reglamentación vigente en cuanto a lo referido a seguridad e higiene en el trabajo, debiendo presentar constancia de entrega de EPP a todo el personal municipal".

Recordó también que "deberá garantizar un servicio de guardias mínimas en los servicios esenciales, atento lo normado por el artículo 24 de la ley 25.877, especialmente a los servicios de salud", en un contexto de emergencia sanitaria.

No fue la única reunión en ese ámbito.

Hubo más, parecía que al fin iba a salir humo blanco de la chimenea del Palacio Municipal, pero la denuncia presentada por un grupo de médicos ante la fiscal María Paula Serrano echó todo para atrás.