"Con esta iniciativa, entre otras, se pretende reglamentar lo que se ha denominado el ''derecho de derechos'', constitutivo del sistema democrático, representativo y republicano, base fundamental para garantizar los restantes derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes", dijo la entidad en un comunicado.

El proyecto impulsado por el kirchnerista Carlos Kunkel establece como requisito previo a la realización de una manifestación la comunicación a la autoridad policial. Asimismo determina que el Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación, será quien evaluará la legitimidad o ilegitimidad de la manifestación. Y se crea una instancia de mediación obligatoria, que, en cabeza de la autoridad ministerial, deberá resolver el conflicto en un plazo máximo de dos horas.

"La declaración de ilegitimidad o la falta de resolución de la instancia de mediación habilitan, según el texto, la represión inmediata de la manifestación. Es decir, las fuerzas de seguridad serán las encargadas de regular el derecho a la protesta, profundizando la policialización de la conflictividad social", señaló la Comisión.

Asimismo, agregó que "no puede admitirse que sea facultad del poder Ejecutivo decidir la ilegalidad o legalidad de una protesta que se expresa por medio de una manifestación pública, mucho menos cuando de esta calificación dependa la represión inmediata o no de la misma". Y concluyó: "El proyecto es inconstitucional en tanto crea una instancia administrativa con facultades para establecer con anterioridad la legitimidad o ilegitimidad de la manifestación y por lo tanto habilita que sea ésta quien determine, sin intervención judicial, la posibilidad de ejercer el derecho de peticionar a las autoridades y la eventual represión de la misma".