Su fundamento primordial es que los establecimientos educativos cuenten con acuerdos de convivencia elaborados en procesos comunitarios participativos, y promuevan la reflexión sobre el sentido de los límites y la aplicación de sanciones.

"Se trata de brindar una herramienta concreta para garantizar el respeto y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de información y comunicación, tal el caso de las redes sociales", explicó el diputado.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto compromete a los adultos, tanto padres como docentes, en el abordaje de la conflictividad, y propone crear el marco para brindar asistencia mediante una línea telefónica gratuita y una página web, además de la realización de campañas publicitarias preventivas.

Según explicó Feliú, la iniciativa pretende "prevenir lo que se conoce como bullying y figura entre las primeras preocupaciones de estudiantes, docentes y familiares de alumnos, pero para el caso que suceda una situación encuadrada en esta problemática, aplicar sanciones de carácter educativo, con sentido crítico y reflexivo".