El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Axel Kicillof, ha emitido un comunicado en el que desafía la resolución del ministro de Economía, Luis Caputo, que prohíbe la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios. Según el comunicado, la Provincia continuará cobrando estas tasas, argumentando que el régimen provincial permite la inclusión de conceptos adicionales en las facturas emitidas por las empresas de servicios.

El Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba) aclaró que las empresas distribuidoras tienen la autorización para incluir conceptos distintos al de la electricidad en sus liquidaciones. La resolución nacional, publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 2024-267 de la Secretaría de Comercio, establece que las facturas deben reflejar exclusivamente el precio del servicio contratado, sin incluir impuestos o tasas adicionales.

La medida ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno provincial, que considera que la resolución de Caputo sobrepasa las competencias provinciales. En su comunicado, el Oceba enfatizó que cualquier concepto ajeno incluido en las facturas no podrá ser motivo para la interrupción del suministro, protegiendo así los derechos de los usuarios.

Caputo, por su parte, ha defendido la resolución en un video publicado en redes sociales, argumentando que el objetivo es asegurar la transparencia en la facturación de servicios. El ministro desafió a los jefes comunales a explicar la situación y aseguró que la resolución no limita la facultad de los municipios para cobrar tasas, sino que simplemente establece que estas no deben formar parte de la facturación de servicios públicos.

La resolución también estipula que las empresas proveedoras deben informar a los usuarios sobre su derecho a reclamar una indemnización si se les facturan conceptos indebidos. Esta medida ha sido criticada por gobernadores e intendentes, que consideran que afecta la autonomía municipal y la capacidad de recaudar ingresos necesarios para la prestación de servicios locales.