El ministro de Justicia, Ricardo Casal, había ratificado la semana pasada el envío de la iniciativa a parlamento, con el objetivo de "transparentar la acción judicial y la información de la justicia que llegue a la sociedad", al tiempo que indicó que, si prospera, "las excarcelaciones dejarán de ser procesos escriturarios que la gente ni se entera".

El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados propone que los beneficios de excarcelación se realicen en audiencias orales y públicas y con la presencia de los damnificados.

El texto busca modificar los artículos 172 y 174 de la Ley Nº 11.922 y sus modificatorias y se lo inscribe como parte de la reforma del Código Procesal Penal de 1998. Indica que el trámite de excarcelación deberá ser oral, en una audiencia que respete "los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración". Además, la audiencia contará con la asistencia "obligatoria" del fiscal y el defensor y del imputado.

Al mismo tiempo, si existieran particulares damnificados debidamente constituidos tendrán derecho de asistir y víctimas serán notificadas. La iniciativa establece que el órgano jurisdiccional formará su convicción "sobre la base de las referencias y argumentos brindados oralmente por las partes". Además fija un plazo máximo para celebrar la audiencia y resolver el pedido de excarcelación de cinco días, "haya o no prestado declaración el imputado".

En los fundamentos, se consigna que por la vía de la oralidad y publicidad de las distintas etapas de los procesos penales, "se fortalecen principios esenciales como el de la imparcialidad, bilateralidad y transparencia", al tiempo que se permite "un control efectivo por parte de los damnificados y la ciudadanía en general sobre las razones en que se fundan las decisiones judiciales sobre la excarcelación de los detenidos".

El Día