El gobierno de la provincia de Río Negro remitió esta mañana a la Legislatura su plan de desvinculación para estatales, que tendrá tratamiento en la próxima sesión del jueves 16 en Viedma. El esquema propuesto -que excluye a policías, penitenciarios y docentes- es diferente al ofrecimiento originalmente evaluado, a partir de que se mejora la suma inicial, pero ya no se prevé el sostenimiento de un pago parcial del sueldo por un período.

Concretamente, la administración de Alberto Weretilneck incentiva la desvinculación voluntaria y ofrece un pago “por única vez de una suma de 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a los seis meses”.

Así, ese esquema significa el pago de 12 haberes cuando se registren 10 años; 15 sueldos por 18; y 20 remuneraciones por 24.La iniciativa parlamentaria diferencia la forma de pago, planteando la cancelación al contado en aquellos con menos antigüedad mientras el resto se establece la mitad al contado y el resto en tres, seis y hasta 12 cuotas consecutivas.

En sus fundamentos, el Ejecutivo resalta que su “objetivo primordial” es “retomar, escalar y potenciar la modernización de la administración pública provincial” y hace referencia al “trabajo en las “bases de infraestructura tecnológica necesarias para potenciar la transformación digital “.

Agregó que “todo esto genera la necesidad de redefinir las reglas actuales del empleo público, regular el teletrabajo y adecuarse a las nuevas modalidades” y deriva en “la necesidad de revisar la estructura burocrática de la administración pública provincial, desde las dimensiones cualitativa y cuantitativa”.

El proyecto retoma la ley Nº 3135, del 1997, incorpora reformas y “se introducen -indica- otros cambios relevantes que hacen más atractiva la desvinculación y favorecen una reinserción laboral en el sector privado”.