El asambleísta departamental de Santa Cruz y representante de Creemos, Zvonko Matkovic, denunció este lunes la presunta falta de transparencia en la aprobación del Presupuesto Operativo Anual (POA) del departamento, al señalar que 66 millones de bolivianos de un crédito internacional no fueron incluidos en el presupuesto presentado durante una sesión nocturna de la Asamblea Departamental.

Matkovic, a través de un video difundido en redes sociales, cuestionó la falta de información clara sobre un crédito de 180 millones de bolivianos otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), con un plazo de 20 años y cinco años de gracia. Según el asambleísta, el presupuesto para el primer año indicaba la devolución de 66 millones de bolivianos, lo que generó dudas sobre la gestión de los recursos.

"Nos convocan entre gallos y medianoche para aprobar el POA el sábado a las 6 de la tarde, en una sesión que se extendió hasta las 2 de la madrugada", afirmó Matkovic, quien expresó su preocupación sobre la reducción de fondos destinados a programas sociales. El presupuesto para el desayuno escolar, las guarderías, los programas para adultos mayores y los programas de género experimentaría significativas disminuciones en el POA presentado.

Matkovic sostuvo que, a pesar de las insistencias por obtener explicaciones, los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus aliados intentaron someter el presupuesto a votación sin aclarar las dudas. No obstante, tras un intermedio de casi dos horas, el oficialismo departamental admitió que había un saldo disponible de 39.5 millones de bolivianos, aunque las preguntas sobre el destino de los 66 millones de bolivianos restantes quedaron sin respuesta.

El asambleísta subrayó que solo cinco legisladores se opusieron a la aprobación del POA, mientras que 23 asambleístas pretendían avanzar con el presupuesto sin mayor explicación.

Esta situación ha generado preocupación entre sectores opositores, quienes demandan mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos y la garantía de que los fondos destinados a programas sociales no sean recortados injustificadamente.