De acuerdo a datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre una variación positiva de 1,64% respecto el mes de septiembre pasado, con lo cual se reporta que de manera acumulada de enero a octubre de 2024 el IPC alcanzó el 7,26%, índice muy por encima del registrado en el mismo periodo del 2023 (1,48%) y también respecto el 3,6% proyectado para la toda la gestión, de acuerdo con el Programa Fiscal Financiero 2024 presentado y suscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia en enero de este año.

Según el reporte del INE, el incremento de 1,64% del IPC registrado en octubre 2024 se explica, principalmente, por lavariación positiva de los precios en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas; bienes y servicios diversos; salud; alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; prendas de vestir y calzados; bebidas alcohólicas y tabaco; muebles, bienes y servicios domésticos; transporte;recreación y cultura; vivienda y servicios básicos y educación.

La variación positiva mensual del IPC se la puede observar de manera permanente desde inicios de gestión 2024, pero su porcentaje fue acrecentando en mayor magnitud en lo que viene del segundo semestre de la presente gestión, lo cual ratifica que estamos pasando por un “efecto inflacionario”.

Ese efecto inflacionario trae como consecuencia para los consumidores, la disminución del poder adquisitivo y por ende un aumento en el costo de vida. Adicionalmente, genera incertidumbre económica que puede llevar a una reducción del gasto y la inversión.

Asimismo, la economía puede sufrir efectos negativos como ser, el desincentivo al ahorro, la disminución de las inversiones por parte de las empresas lo cual podría desembocar en mayores índices de desempleo y la pérdida de competitividad.

En ese sentido, es que el Gobierno Nacional debe considerar combatir este efecto inflacionario mediante una combinación de políticas monetarias, fiscales y estructurales. El impulso a la inversión privada como motor de crecimiento económico puede constituirse en una herramienta eficaz para combatir ese efecto inflacionario, puesto que generaría un incremento de la oferta de bienes y servicios y la creación de empleo. Para ello, será fundamental crear un entorno propicio para la inversión con mayor seguridad jurídica, con reglas claras, estabilidad política y económica, y acceso al financiamiento.