El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), presentó un proyecto de ley que busca derogar la Disposición Adicional Séptima de la Ley N° 1613, correspondiente al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta disposición faculta la confiscación y decomiso de alimentos esenciales bajo sospecha de acaparamiento o encarecimiento de precios.

Argumentos de la propuesta

El legislador calificó la disposición como una medida que viola derechos constitucionales y genera un clima de inseguridad jurídica para productores, comerciantes y gremialistas. Según Alarcón, la norma configura un “terrorismo de Estado” al permitir que las autoridades administrativas confisquen bienes lícitos sin el debido proceso judicial.

Entre los puntos destacados en la exposición de motivos se encuentran:

1. Impacto en la economía: La disposición desincentiva la producción, industrialización y comercialización de alimentos, lo que, según el diputado, podría agravar el desabastecimiento y encarecer aún más los precios en un contexto de alta inflación.

2. Violación de derechos: El proyecto argumenta que la disposición vulnera derechos constitucionales como la propiedad privada, la libertad de empresa y la seguridad jurídica, establecidos en los artículos 47, 56, 57, 308 y 311 de la Constitución Política del Estado.

3. Alternativas legales existentes: Alarcón subrayó que el Código Penal ya tipifica y regula los delitos de agio y especulación, que deberían ser investigados y sancionados por el Ministerio Público y el Poder Judicial, sin recurrir a medidas extraordinarias como la confiscación.

Detalles del proyecto de ley

El proyecto propone la derogación total de la Disposición Adicional Séptima, argumentando que las medidas establecidas en ella no resuelven los problemas estructurales de la economía, sino que los agravan. Además, busca garantizar el respeto a los derechos de los actores económicos y promover un entorno de estabilidad y confianza en el mercado.

Contexto

La Disposición Adicional Séptima fue incluida en el PGE 2025 con el objetivo de garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales mediante controles estrictos sobre la cadena productiva. Sin embargo, ha generado críticas por parte de sectores productivos, gremiales y políticos de oposición, quienes consideran que la medida atenta contra las libertades económicas y fomenta un clima de incertidumbre.

El proyecto de ley será debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde Alarcón instó a sus colegas a respaldar esta iniciativa como un paso necesario para proteger los derechos económicos de los ciudadanos y garantizar la estabilidad del mercado nacional.