Creemos insta al TSE a realizar elecciones judiciales bajo el amparo de la Constitución, sin temor a magistrados autoprorrogados
El jefe de la bancada de Creemos, el senador Henry Montero, hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevar adelante las elecciones judiciales en todo el país, respaldándose en la Constitución Política del Estado (CPE), sin ceder ante lo que calificó como “decisiones políticas” de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional, a quienes acusa de intentar frenar el proceso electoral.
Montero enfatizó que los fallos emitidos por magistrados cuya continuidad en funciones considera inconstitucional no deberían ser acatados. “Primero, no podemos aceptar los fallos de personas que no están contempladas en la CPE; segundo, la Constitución establece que los procesos eleccionarios no se pueden llevar de forma fraccionada; tercero, el Tribunal Supremo Electoral tiene el mandato de cumplir con la Constitución. No les tengan miedo a las amenazas; si están bajo la CPE, deben llevar las elecciones en los nueve departamentos”, señaló el legislador.
En su intervención, Montero también rechazó la propuesta de una “ley corta” para el proceso, argumentando que ninguna legislación puede estar por encima de la Constitución. Además, advirtió que aceptar esta “decisión política e ilegal” sentaría un precedente negativo para futuros comicios.
“Los magistrados autoprorrogados, con su intención de mantenerse en el poder, buscan evitar las elecciones en ciertos departamentos, permitiendo su permanencia indefinida. Es llamativo que los magistrados firmantes de estos fallos sean precisamente los beneficiados al quedarse en cinco departamentos sin elecciones. Se estarían consolidando como mayoría en la sala plena, actuando como juez y parte en esta decisión política”, agregó el senador Montero.
El pronunciamiento de Montero se enmarca en la creciente polémica entre los poderes del Estado y el Tribunal Supremo Electoral, en un contexto en el que distintos sectores políticos abogan por la realización de elecciones judiciales completas y transparentes en todo el territorio nacional.