Graves denuncias en Argentina y Bolivia complican aún más la situación de Evo Morales
El periodista Alejandro Entrambasaguas ha publicado un reporte contundente en el que detalla las graves acusaciones contra el expresidente Evo Morales, vinculándolo con presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual de menores. Estas revelaciones coinciden con las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien confirmó que existe una denuncia en Argentina contra Morales por hechos sucedidos durante su asilo político en la gestión de Alberto Fernández.
Según Entrambasaguas, Morales habría convivido con al menos cuatro adolescentes mientras residía en Argentina como asilado político, tras su salida de Bolivia en 2019. Esta denuncia se suma a los procesos que el exmandatario ya enfrenta en Bolivia, relacionados con delitos de estupro y violación a menores.
La ministra Bullrich expresó su indignación al respecto, señalando: “El peor de los delitos, en nuestro suelo. Por eso, hace 15 días presentamos una denuncia por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual. En esta Argentina del presidente @JMilei, el que las hace, las paga.”
Entrambasaguas, conocido por sus investigaciones sobre el entorno del expresidente boliviano, ha señalado que estas acusaciones deben ser tratadas con máxima prioridad, considerando la gravedad de los hechos y el impacto social que generan. Además, se destaca que Morales enfrenta un creciente repudio en Bolivia por el prolongado bloqueo de caminos impulsado por sus seguidores, que ha causado graves daños a la economía del país y múltiples enfrentamientos violentos.
En Bolivia, el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha alertado a la población sobre las acciones de Morales, acusándolo de buscar enfrentamientos con el fin de generar muertos y derramamiento de sangre, como parte de los “bloqueos de la impunidad”.
El informe de Entrambasaguas y las declaraciones de Bullrich elevan la presión internacional sobre Morales, mientras los sectores políticos y la sociedad civil de ambos países exigen una investigación rigurosa y justicia para las víctimas.