La sentencia contra Sánchez de Lozada genera un debate sobre los recursos naturales y la justicia
El presidente Luis Arce se refirió este lunes a la reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia contra Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros en el marco del caso Petrocontratos. El fallo condena al expresidente a seis años y tres meses de prisión por la firma de 106 contratos de explotación de hidrocarburos sin la autorización del Congreso.
“La sentencia condenatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus cómplices, por la firma inconstitucional y sin la debida autorización congresal de 106 contratos de explotación de hidrocarburos en favor de empresas transnacionales, representa un mensaje contundente de la justicia boliviana”, declaró el mandatario.
El caso se remonta a los años en que Sánchez de Lozada estuvo al frente del Gobierno (1993-1997 y 2002-2003). Según la acusación, los contratos beneficiaron a empresas extranjeras y vulneraron la normativa vigente, lo que derivó en un proceso judicial de casi dos décadas.
El fallo no solo incluye una pena de prisión para Sánchez de Lozada, sino también para los exministros Jorge Berindoague, Carlos Contreras y Carlos López Quiroga, quienes recibieron una condena de cinco años. Todos deberán cumplir sus sentencias en el penal de Chonchocoro, aunque la aplicación de la pena está sujeta a trámites de extradición, ya que los acusados se encuentran fuera del país.
El caso Petrocontratos ha generado debate en Bolivia. Mientras algunas autoridades señalan que el fallo sienta un precedente en la defensa de los recursos naturales, sectores críticos cuestionan el tiempo que tomó el proceso y plantean interrogantes sobre la consistencia en el manejo de otros casos similares.
La Procuraduría General del Estado, que participó activamente en el juicio, afirmó que la sentencia refuerza el compromiso del Estado con la protección de sus recursos naturales. Entretanto, el Ministerio Público anunció que solicitará formalmente la extradición de los condenados para que cumplan sus penas en territorio boliviano.