La Asamblea Legislativa de Bolivia se encuentra en un estado de incertidumbre respecto al proceso de elecciones judiciales, tras un fallo judicial que ordenó la anulación de la preselección de candidatos. A pesar de una semana desde la emisión de la sentencia, no se ha logrado consenso sobre cómo proceder, lo que mantiene el proceso en un impasse.

Fallos judiciales y obstáculos previos:

El fallo, emitido por la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, surgió como resultado de una acción popular interpuesta por la abogada Yeny Duri. La resolución argumenta una vulneración al derecho a la igualdad, ya que las mujeres e indígenas del departamento no habrían podido participar en igualdad de condiciones en el proceso de preselección.

Divergencias internas y propuestas de solución:

En la Asamblea, las opiniones divergen respecto a cómo proceder. Algunos proponen una ampliación de plazos mediante una ley corta, mientras que otros sugieren reiniciar el proceso desde cero. La división interna, especialmente entre los bloques que respaldan al presidente Luis Arce y al exmandatario Evo Morales, complica aún más la situación.

Espera de decisión y solicitud al vicepresidente:

Ante la falta de acuerdo, se ha solicitado al vicepresidente David Choquehuanca que convoque a una sesión de la Asamblea para definir el rumbo de las elecciones judiciales. Sin embargo, hasta el momento, no se ha tomado una decisión definitiva sobre si se acatará o no el fallo judicial.

Impacto en el proceso electoral y en la democracia:

La falta de consenso y la prolongación del impasse tienen consecuencias significativas para el proceso electoral y para la estabilidad democrática en Bolivia. La demora en la definición de un curso de acción representa un riesgo para la seguridad jurídica y la legitimidad de las elecciones.

Próximos pasos y necesidad de una solución:

Se espera que la Asamblea continúe discutiendo el tema en las próximas sesiones, con la esperanza de llegar a un acuerdo que permita reanudar el proceso electoral de manera efectiva. La necesidad de una solución rápida y consensuada es imperativa para garantizar la estabilidad institucional y el respeto al Estado de Derecho en Bolivia.