El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la decisión de abrogar el Decreto Supremo 5143 de Derechos Reales después de que algunos sectores expresaran preocupación y especularan sobre su contenido, alegando una posible intervención estatal en la administración de propiedades. Arce explicó en una conferencia de prensa que esta medida busca evitar cualquier tipo de convulsión social y mal uso político de la norma.

Arce señaló que la decisión de abrogar el decreto se tomó para evitar la distorsión y manipulación de su contenido, asegurando que ciertos intereses no querían la modernización de Derechos Reales y que se habían utilizado elementos sensibles para confundir a la población y generar rechazo hacia la normativa.

El presidente también advirtió sobre un supuesto plan de convulsión que estaría en marcha en las siguientes semanas y que algunos sectores intentarían utilizar temas como este para justificar acciones disruptivas.

La solicitud de abrogación del decreto provino de la Central Obrera Boliviana (COB), en respuesta a reclamos y desinformación sobre su contenido. El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el decreto, argumentando que buscaba transparentar la administración de Derechos Reales y corregir deficiencias en la recaudación de recursos por trámites relacionados.

A pesar de los esfuerzos de varias autoridades por explicar el contenido y alcance del decreto, su abrogación se vio como la medida más adecuada para evitar posibles conflictos y garantizar la estabilidad social en Bolivia.