Por disposición del Tribunal en lo Criminal Oral N.º 2 de Azul, el olavarriense Carlos Marcelo Luna de 46 años fue sentenciado a tres años de prisión por abusar sexualmente de una de sus hijas.

El juicio comenzó en septiembre de este año luego de ser cancelado en dos oportunidades y de que la causa sea desestimada y archivada a lo largo de los años.

La condena de Luna fue caratulada como "abuso sexual simple agravado por ser cometido por ascendiente" y es excarcelable, por lo que no irá a prisión.

Asimismo, se estableció que deberá realizar un tratamiento psicológico "para abordar su control de impulsos y representaciones sociales de género" y se le impuso una prohibición de acercamiento y contacto en un radio de 500 metros a la redonda, "como también de maltrato, molestias y hostigamiento, actos de perturbación de cualquier tipo y por cualquier vía".

El caso tomó gran resonancia en la ciudad en el 2017, a raíz de una marcha en la Plaza Central, y los hechos se remontan al 2010. Además, está relacionado con otro caso de abuso dentro del vínculo intrafamiliar. La hermana mayor de la víctima fue abusada en el 2005 por su abuelo, Carlos Antonio Luna Furriol -padre de Carlos Marcelo Luna- quien en ese entonces fue condenado a tres años y 8 meses de prisión. Tras cumplir su condena Unidad Penal N.º 2 de Sierra Chica, la madre de las niñas debió pedir una restricción de acercamiento.

Luego de varios años de insistir, las pericias psicológicas y la Cámara Gesell se realizaron recién en el 2018, ocho años después de los hechos.

La madre de las víctimas, Paz Aldasoro, se expresó a través de las redes sociales y responsabilizó a la Justicia por la demora en juzgar a Luna. "La "justicia" es responsable de todo lo que hemos tenido que soportar. Nos revictimizaron infinitas veces, botones antipánico que no funcionaban, restricciones y medidas que no se cumplían".

Señaló que "hoy mismo sigue incumpliendo medidas legales, teniendo fotos robadas de mis hijas en las redes sociales, siendo que se le prohibió a este sujeto todo con respecto a ellas. Mis hijas ya ni siquiera llevan su apellido, con permiso de la justicia que les permitió suprimir y llevar mi apellido, por todo lo vivido".

Respecto a los años cercanos a la denuncia, cuestionó que desde el Juzgado de Familia "las hacían revincularse" con el victimario, mientras que Aldasoro debía monitorear las visitas porque "no disponían de asistentes sociales".

"Aún con una denuncia por abuso, denuncias por amenazas de muerte, denuncias por violencia de género y maltratos de todo tipo, tenía que llevarlas a las visitas con este psicópata. No tomaban en cuenta que mis hijas no querían verlo, y me amenazaban con llevarme presa si me rehusaba", indicó.

Con el correr de los años, tomó contacto con las organizaciones Olavarría Despierta y con Animate. Tras hacerlo público a través de un microfono abierto en la Plaza Central, reveló que "en ese momento, tomé conocimiento de que tenía más denuncias por abusos a menores. Hoy esas causas siguen abiertas y está imputado, pero hay más personas que aún no denunciaron".