Los procedimientos se llevaron adelante en la tarde de ayer durante varias horas en cuatro viviendas, algunas de ellas ubicadas en los barrios Pueblo Nuevo y Eucaliptus, y además trabajaron en una leñera del barrio Martín Fierro. De acuerdo a lo que refirieron voces consultadas por este Diario, fueron cuatro los hombres de entre 50 y 60 años de edad que fueron aprehendidos y alojadas en la delegación local de la Policía Federal Argentina (PFA).

Las personas capturadas serán trasladadas en el transcurso de las próximas horas a la sede del Poder Judicial, donde se realizarán las audiencias de defensa del imputado y el fiscal Lucas Moyano indagará a los hombres aprehendidos. De manera inicial se los investiga por infracción a la ley 23737.

La investigación comenzó en febrero pasado cuando agentes de la Brigada de División Unidad Operativa Federal de Olavarría comenzaron a realizar pesquisas y tareas de seguimiento en las cinco propiedades allanadas ayer, en las que se presume se comercializaban drogas. Los trabajos fueron supervisados por el subcomisario Pablo González, jefe de la DUOF local, y por el ayudante fiscal José Iturralde.

En estos domicilios, que fueron allanados y registrados por orden de la jueza de Garantías Fabiana San Román, secuestraron diversas dosis de marihuana y clorhidrato de cocaína que estaba fraccionada y guardada en distintos envases. Para la localización de las drogas se contó con la colaboración del perro rastreador Bruno, quien fue trasladado para cumplir estas tareas desde la ciudad de Azul.

Asimismo el personal policial secuestró 144 mil pesos de dinero en efectivo en billetes de diversa denominación en moneda nacional y 2700 dólares. También incautaron varios teléfonos celulares que serán sometidos a pericias y varias armas de fuego de distinto tipo y calibre, además de gran cantidad de municiones.

Finalmente se refirió que secuestraron un automóvil marca Ford color negro que, al igual que las demás pertenencias incautadas, fue trasladado a la sede de la PFA de avenida Del Valle y Aguilar.

El artículo 5 de la ley 23737 establece penas de entre 4 y 15 años de prisión para quien "comercie con estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte". Además, en el artículo 11 de la misma ley se dispone que si hubiera "en los hechos intervinientes tres o más personas organizadas para cometerlos" esas penas serían de entre 6 y 20 años de prisión.