El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decidido tomar medidas drásticas contra la criptominería en un intento por mitigar la grave crisis energética que azota al país desde hace más de una década. La decisión fue anunciada recientemente, marcando un nuevo capítulo en la ya complicada situación económica de Venezuela.

La Asociación Nacional de Criptomonedas informó a través de X que la minería de criptomonedas queda "oficialmente prohibida en todo el territorio nacional". Se ha instado a quienes posean equipos de minería a desinstalarlos y almacenarlos para evitar problemas legales. Esta medida refleja la desesperación del régimen por controlar el consumo de energía, dado que las operaciones de minería requieren una gran cantidad de electricidad, exacerbando los apagones que han dejado a vastas regiones sin servicio por días.

Esta industria había sido vista anteriormente por el régimen como una alternativa económica viable y una forma de eludir las restricciones financieras impuestas por el control del dólar. Sin embargo, la criptominería cayó en desgracia tras un escándalo de corrupción el año pasado que involucró a Tareck El Aissami, ex vicepresidente y encargado del sector petrolero, acusado de desviar fondos estatales a través de operaciones con criptomonedas.

En respuesta a este escándalo, y como parte de una supuesta lucha contra la corrupción, el gobierno ha comenzado a incautar equipos de minería. Recientemente, se confiscaron más de 2,000 unidades en Maracay. Además, en un evento público transmitido en redes sociales, Rafael Lacava, gobernador chavista del estado Carabobo, anunció la incautación de "miles" de servidores en un parque industrial, calificando la criptominería como una forma de "monetización del robo de electricidad".

Lacava hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore en la erradicación de la minería ilegal, sugiriendo que los vecinos denuncien cualquier actividad sospechosa. "Cuando te quitan la luz hay que darle luz a un señor para que gane. Por unos pocos reales, te quedas sin electricidad", afirmó, destacando el impacto directo de estas actividades en la disponibilidad de servicios básicos para la población.

La prohibición de la criptominería y las recientes acciones del gobierno no solo subrayan la severidad de la crisis energética en Venezuela, sino que también reflejan el continuo desafío que enfrenta el país para estabilizar su economía mientras lidia con profundas divisiones políticas y sociales.