El gobierno del presidente Joe Biden dará a conocer una nueva propuesta que autorizará a las autoridades migratorias de EE. UU. a imponer restricciones adicionales al acceso al asilo en la frontera sur del país. La medida, que será anunciada este jueves, instruirá a los agentes de migración a aplicar filtros más rigurosos durante las entrevistas para determinar si los solicitantes cumplen con los requisitos para pedir asilo después de cruzar la frontera con México.

Según informes, las autoridades migratorias podrán denegar la solicitud de asilo si consideran que el solicitante representa un riesgo para la seguridad nacional o pública. Esto marca un cambio significativo con respecto a la ley actual, que permite a los migrantes continuar con el proceso de asilo después de pasar por un examen inicial de "miedo creíble", incluso si tienen antecedentes penales o se considera que representan un riesgo a la seguridad.

Esta nueva regla, diseñada para agilizar las deportaciones, tendrá un impacto directo en aquellos que crucen la frontera entre México y EE. UU. de manera irregular. Después de la entrevista inicial de "miedo creíble", los solicitantes de asilo pueden permanecer en territorio estadounidense mientras un juez de inmigración decide sobre la validez de su caso, un proceso que puede extenderse durante años. El objetivo de esta medida es reducir la cantidad de personas que solicitan asilo y acelerar el proceso de deportación.

La normativa, elaborada por el Departamento de Seguridad Nacional, no entrará automáticamente en vigor. Tras su publicación este jueves, se abrirá un periodo de comentarios públicos, durante el cual podría sufrir modificaciones. Este anuncio llega en un contexto político marcado por el tema migratorio, especialmente durante un año electoral. Si bien la administración de Biden ha prometido reformas en el sistema de asilo, estas medidas representan un cambio significativo en la dirección opuesta.

La propuesta de Biden se suma a una serie de cambios introducidos anteriormente para limitar la llegada de personas a la frontera sur de EE. UU. Estas medidas responden a la presión política y al contexto global de un aumento en la cantidad de personas desplazadas en el continente. A pesar de las promesas de campaña de "restaurar" el sistema de asilo, la administración demócrata ha mantenido políticas restrictivas heredadas del gobierno anterior y ha implementado nuevas normas para limitar las solicitudes de asilo.

Como contraparte, la Casa Blanca ha promovido programas de "vías legales humanitarias" para personas de ciertas nacionalidades, como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, permitiendo la entrada de más de 400,000 personas a EE. UU.