A través de la resolución 1620/21, el juez Villamarín respondió la requisitoria de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de desalojar los predios usurpados hace más de una semana en calle 11 y Grimaldi e inmediaciones por parte de más de un centenar de familias. En el fallo al que tuvo acceso este Diario, el titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de Olavarría resolvió "diferir la petición Fiscal hasta que se desarrolle la audiencia convocada por el Defensor del Pueblo de acuerdo a los considerandos que anteceden, y ello en atención a lo expresamente solicitado desde la misma Fiscalía previo a que sea concedida la petición de desalojo compulsivo".

Esto último hace referencia a parte de la requisitoria del fiscal Miguel Angel Piñeiro, quien pidió que previo a la desocupación de los terrenos "se otorgue un breve plazo a los efectos de arribar a un diálogo entre los ocupantes y los organismos destinados a realizar el desalojo, para que los ocupantes se retiren en forma pacífica, y ello a fin de no utilizar la fuerza pública", según menciona la resolución.

De todos modos agrega que la fiscalía "sostiene que de no arribar a ningún acuerdo pacífico, solicita que sea concedida la petición de desalojo compulsivo a nombre del peticionante y/o personal policial que se designe al efecto, a los fines de realizarla en horas de la mañana y hasta que se ponga el sol, haciendo saber que se dará intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a efectos de asistir a los menores de edad".

Cada una de las medidas se encuentran inscriptas en el Protocolo de actuación judicial de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Tal es así que desde que el apoderado y subsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Marcelo Fabbi, radicó la denuncia por la usurpación el martes pasado, se inició un proceso en el que se dio intervención a una serie de instituciones intermedias. Entre ellas se encuentran la Defensoría Oficial, la Asesoría de Incapaces, el Servicio Local, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.

"Salida pacífica"

En la resolución, el juez Villamarín expresó que se encuentra legalmente acreditado que entre los primeros días del mes y esta semana un grupo de personas invadió "clandestinamente" los terrenos municipales que hasta ayer continuaba ocupándolos. Agregó que "en su oportunidad corresponderá que la Municipalidad retome la disposición del bien inmueble" y que, "prima facie", la fiscalía acreditó "que los actuales ocupantes no tiene derecho a permanecer en el predio".

En este contexto volvió a citar el Protocolo de la SCBA y expuso que "previo a disponerse cualquier medida de fuerza deberá intentarse la salida pacífica del predio y para ello ya se encuentra dispuesta una medida conciliadora entre las partes, tal cual fuera lo solicitado por el MPF". Argumentó además tomar esta medida porque "la resolución dictada por el Superior, persigue como objetivo la toma de decisiones que no incrementen el conflicto individual y social existente, donde en sus objetivos se tiende a garantizar la restitución del inmueble respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de prevenir y/o reducir el impacto social que puede generar la instrumentación de tales medidas".

Finalmente, mencionó que si bien "el representante legal de la Municipalidad desistió sin dar razones de una posible mediación, requiriendo el inmediato desalojo, se advierte la intervención directa del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en el marco de sus competencias constitucionales (...), donde hizo saber, que se iniciará una mesa de gestión dispuesta para el día martes 13 de abril del corriente año a las 11, que fuera a su vez lo que solicitara en presencia del M.P.F. el vocero de las personas que se encuentran ocupando terrenos".