El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden, ha adoptado una nueva normativa que agiliza el proceso de negación de asilo y deportaciones para los migrantes que se consideren una amenaza para la seguridad nacional o pública, según informó el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Cambio en las políticas migratorias

Esta medida se produce en un contexto político marcado por las críticas de los republicanos hacia la gestión migratoria del gobierno de Biden, y en un año electoral en el que la inmigración es un tema central. La nueva normativa busca mostrar un control más firme en la frontera sur del país.

Objetivo y procedimiento

El DHS ha anunciado que los migrantes considerados una amenaza pública serán detenidos y se determinará su elegibilidad para recibir asilo en una etapa posterior del proceso. Esta nueva regla permite denegar las solicitudes en cuestión de días si existen pruebas de amenazas relacionadas con terrorismo, seguridad nacional o delitos.

Entrevistas de miedo creíble

Durante las entrevistas de miedo creíble, los funcionarios evaluarán si existe riesgo de persecución o tortura si el individuo regresa a su país de origen. Esto permitirá identificar y expulsar más rápidamente a aquellos que representen un riesgo de seguridad y no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos, según declaraciones del secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.

Impacto y contexto

Si bien el DHS no ha proporcionado cifras específicas sobre cuántas personas se verán afectadas por esta medida, se espera que sea un número pequeño. Sin embargo, esta nueva regla se implementa en un momento en el que la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos continúa siendo un tema preocupante para los votantes y para la administración demócrata.

Crisis migratoria en cifras

Durante el primer semestre del actual periodo fiscal, la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza ha reportado más de 1.7 millones de encuentros con migrantes, una tendencia que de continuar podría superar los 3.2 millones del año fiscal anterior. Esta situación ha generado preocupación en diversas áreas, incluyendo los recursos destinados a la atención de inmigrantes indocumentados y el impacto en los servicios públicos.