El gobierno de Nicolás Maduro ha tomado dos decisiones legales que han levantado críticas y preocupaciones en el sector empresarial venezolano, justo en medio de un tenso clima electoral.

Ley de Protección de las Pensiones:

La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, la cual impone a las empresas privadas una "contribución especial" de hasta el 15% sobre los pagos a los trabajadores, tanto salariales como bonificaciones. Esta medida, destinada a fortalecer el sistema de seguridad social del país, aumenta la carga fiscal sobre las empresas, lo que podría afectar su viabilidad económica.

Fallo judicial sobre tarifas de aseo urbano:

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia otorgó nuevas facultades a las alcaldías para bloquear solicitudes de empresas y ciudadanos que no hayan pagado las tarifas del servicio de recolección de basura. Este fallo responde a un reclamo de una empresa de tecnología contra las altas tarifas de aseo urbano, lo que ha generado preocupación entre los comerciantes debido al impacto económico que representa.

Impacto en las empresas:

Las nuevas medidas fiscales aumentan la presión sobre las empresas venezolanas, reduciendo sus ganancias y dificultando su operatividad en un contexto de crisis económica. Muchos comerciantes se ven obligados a elegir entre pagar impuestos adicionales o enfrentar el cierre de sus negocios, lo que podría contribuir al deterioro del entorno empresarial en el país.

Críticas y advertencias:

Las medidas han generado críticas por parte de expertos y organizaciones, quienes consideran que estas decisiones fiscales podrían agudizar la crisis económica y afectar aún más la capacidad de las empresas para mantenerse operativas. Además, se advierte sobre posibles interpretaciones abusivas de las autoridades locales, lo que podría conducir a situaciones de indefensión para los ciudadanos y el sector empresarial en general.