Evo Morales entregó en La Haya el reclamo a Chile de la salida al mar
"Bolivia tiene mucha confianza y esperanza en la CIJ para que se haga justicia con los bolivianos", dijo Morales en rueda de prensa en la sede de la embajada de su país en La Haya.
El mandatario presentó hoy la memoria de Bolivia ante la CIJ en el contencioso iniciado contra Chile en 2013, en el que pide al alto tribunal de las Naciones Unidas que le reconozca una salida soberana al mar y se pronuncie sobre la obligación de Santiago de negociar "de buena fe" un acceso al océano Pacífico.
El presidente resaltó que la decisión de recurrir a la CIJ responde a que "Bolivia es un país pacifista", al tiempo que sostuvo que "hay que resolver esta cuenta histórica pendiente para que haya paz y justicia en América Latina y el Caribe".
"El mar que pedimos por justicia es mar para los pueblos, no para pequeños grupos; el mar es para la patria grande, el mar es irrenunciable", dijo Morales antes de destacar el "sueño" que sería para Bolivia que un barco saliese desde ese país "por ejemplo a Rotterdam (Holanda), en honor al país donde tiene sede la corte", según citaron las agencias Ansa, DPA y EFE.
"Tenemos argumentos y razones y sólo queremos que se haga justicia con el pueblo boliviano, por la paz y la integración del continente de América", declaró el mandatario, que inició su intervención mostrando su "solidaridad" con Chile y las víctimas del reciente terremoto ocurrido en el país y el incendio de Valparaíso, según consignó la agencia estatal ABI.
Bolivia perdió su salida al mar en 1879 durante la guerra del Pacífico, en la que junto con Perú enfrentaron a Chile y que le costó al estado boliviano 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
Ambos países no han conseguido hasta ahora resolver sus diferencias por la vía diplomática, por lo que Bolivia recurrió al alto tribunal internacional, que ya ha solucionado cuestiones fronterizas entre países como Chile y Perú o Colombia y Nicaragua.
Morales se mostró con "confianza en retomar el diálogo" con Chile, ahora que ha vuelto al poder Michelle Bachelet, dado que en 2006, ambos establecieron una agenda de diálogo que incluyó por primera vez el reclamo marítimo, aunque nunca se llegó a un acuerdo.
Morales dijo que confía en Bachelet porque es del Partido Socialista, aunque reconoció que la mandataria tiene temas prioritarios, como gestionar una respuesta a las catástrofes naturales que sufre el país.
El mandatario también destacó que una apertura del diálogo con Chile no implicaría la retirada de la demanda porque ambos procesos, el político y el judicial, son "paralelos".
La presentación de la memoria boliviana fue celebrada en La Paz por el oficialismo y centrales obreras y hasta obtuvo el visto bueno de la oposición.
Desde Santiago, la presidenta chilena aclaró que su país respeta los tratados internacionales y expresó, en una entrevista a radio Cooperativa que espera la llegada al país de Felipe Bulnes, agente de Chile ante la CIJ, para conocer el contenido de la memoria boliviana antes de dar públicamente la postura oficial de Chile.
No obstante, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que la presentación es "una demanda artificiosa, que carece de fundamento jurídico y que revierte un proceso de diálogo constructivo y de generación de confianzas mutuas".
"Esta fecha convoco a nuestro país a asumir con la mayor unidad, convicción y serena sobriedad, una demanda artificiosa que carece de fundamente jurídico", dijo Muñoz.
El jefe diplomático señaló que su país evalúa todos los recursos jurídicos que confiere el derecho internacional para enfrentar la demanda de Bolivia, y agregó que el Ejecutivo de su país por ahora "no adelantará pronunciamientos sobre cuestiones de fondo, de procedimiento o de jurisdicción" sobre la demanda.
Con el acto de entrega realizado hoy por Morales se abrió la etapa escrita del proceso que comenzó el 24 de abril de 2013. Chile tiene diez meses para rebatir el alegato boliviano, -hasta el 18 de febrero de 2015- pero puede, en 90 días, iniciar un proceso de incompetencia que inhabilite a la Corte a tratar el tema.