Néstor Marino González Galloso fue extraditado desde España el pasado miércoles, en un operativo donde se desempeñaron agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal -Interpol- de Madrid. El hombre de 30 años y de nacionalidad paraguaya, había sido detenido a mediados de enero pasado en la localidad de Fuente Alamo de Murcia, en el sur de España, por parte de la Policía Nacional de ese país, y desde ese entonces se esperaba su traslado a nuestra ciudad.

El jueves por la madrugada el detenido fue alojado en la SubDelegación Departamental de Investigaciones Olavarría (SubDDI), y en horas del mediodía se realizó la audiencia de defensa del imputado en la sede del Poder Judicial. La misma estuvo encabezada por la fiscal María Paula Serrano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, quien imputó a González Galloso por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por ser cometido por una persona encargada de la guarda y por ser cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente" y "abuso sexual con acceso carnal agravado" en concurso real.

Posteriormente el acusado fue trasladado a la sede de la SubDDI de la localidad de Bolívar, donde permanecerá alojado hasta que se otorgue un cupo en una unidad carcelaria. Fue el personal de la SubDDI Bolívar el que trabajó intensamente para dar con el paradero de González Galloso, y fue así que a través de empresas prestatarias de telefonía se determinó que se encontraba en España.

Los ataques sexuales por los que fue procesado ocurrieron en el año 2012 en Olavarría, cuando las víctimas tenían 5 y 7 años. En ese momento se radicaron las denuncias correspondientes, pero recién cuatro años más tarde la causa comenzó a moverse. La cámara Gesell se realizó a los niños en octubre de 2019, y poco después se emitió el pedido de captura para González Galloso.

"Un poco de paz"

"Cuando conocimos a las mamás protectoras hacía 4 años que habían realizado las denuncias. Todo el mundo les cerró las puertas y hasta el momento nadie los había escuchado. Nos encontramos con que la causa estaba por prescribir porque estaba caratulada como `abuso sexual simple´ (así le llaman las leyes a lo que a un niño le marca la vida) y ya habían pasado varios años sin que se investigara nada", expusieron en redes sociales desde la asociación civil Animate en enero pasado, cuando se conoció que el acusado había sido detenido.

Días atrás desde la entidad también dieron detalles de cómo fue el rumbo de esta investigación, donde aclararon que "durante los primeros años, estas familias fueron mal atendidas y discriminadas por fiscalía. Ellas iban siempre a preguntar si tenían novedad". En 2016 se cruzaron sus caminos y "empezamos a acompañarlas y a exigir justicia. Más de una vez se las llamó porque querían archivar sus causas cosa que no permitimos".

"Que hoy esté detenido y que fuese extraditado a Olavarría es muy importante, se le da esperanzas a otras causas", reflexionaron desde la agrupación; quienes plantearon que "esos dos niños y sus familias van a poder sentir un poco de paz. Recordamos que es una causa del año 2012. Tuvieron que esperar 9 años para que se haga justicia!".

Finalmente reclamaron que desde el Poder Judicial no le dieron aviso a las víctimas de que el acusado había sido extraditado, y reflexionaron: "Si nosotras no hubiésemos luchado tanto esta causa hoy estaría archivada. También destacar la labor de los fiscales obviamente que sin ellos no hubiésemos logrado justicia. El trabajo creo que fue en conjunto sin desmerecer a nadie". Reconocieron en este contexto la labor de la Ayudantía especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, que integra la UFI 4 y coordina el doctor José Iturralde.