A través de un comunicado, algunas personas que protagonizan la toma denunciaron a funcionarios municipales por realizar "maniobras para desarticular y dividir a los vecinos". Y la división se profundizó luego de la audiencia realizada el último jueves, donde cuatro vecinos firmaron en conformidad el acta, pero otras vecinos se mostraron en desacuerdo con este accionar, principalmente por no haber sido consultadas todas las familias sobre la decisión que se tomó.

En esta reunión, en la que participaron autoridades municipales, judiciales, de la Provincia y de la Defensoría del Pueblo, se acordó que se levantaría la toma por parte de los vecinos, y en caso de que esto no se realice, hoy se concretará el desalojo compulsivo. El compromiso de la Municipalidad de Olavarría es que abordará "en forma inmediata en los asuntos que sean urgente" de "la cuestión habitacional y demás necesidades sociales". Se puso como parámetro a "las familias que estén inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional municipal, y para aquellos casos que no sea así comprometiéndose a colaborar con el vecino en la inscripción en el mencionado Registro".

Para lo que algunos fue una solución a la problemática, para otros la firma de este acta tiene sabor a "meras promesas". Si bien hay pocas familias emplazadas ahora en los predios municipales, la ubicación de las carpas muestran a las claras la existencia de dos grupos. Por una parte están aquellos que se mantienen en el interior de los lotes, y que dijeron a EL POPULAR que no se van a retirar; y en contrapartida quienes mudaron las carpas al otro lado de calle 11, junto a las viviendas del barrio Lourdes, porque decidieron respetar el acuerdo firmado y esperarán ahí la resolución habitacional que deberá efectivizar la Municipalidad. Con acusaciones cruzadas, cada cual se mantuvo en su postura y en su sitio.

Si bien en el acta acuerdo no se indica, funcionarios consultados por este Diario precisaron que la asistencia del Municipio y la Provincia será para unas 20 familias que fueron censadas un mes atrás y que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. E incluso en los últimos días desde el área de Desarrollo Social habrían empezado a contactarse con algunos de estos grupos familiares. En otros casos también se conoció que se habría ofrecido brindar materiales de construcción para quienes ya cuentan con terrenos.

En tanto, autoridades policiales refirieron ayer no contar con precisión sobre el momento en que se llevará adelante hoy el desalojo compulsivo en el caso de que aún queden personas radicadas en el predio. Algunos vecinos cuestionaron ayer incluso que el juez de Garantías Carlos Villamarín haya dictado la orden de desalojo, en tanto que otros indicaron que el procedimiento se podría llevar adelante recién después del mediodía, a raíz de la agenda que llevaba el fiscal Miguel Piñeiro. De todos modos, la presencia de móviles permanecía en las inmediaciones del predio, al igual que continuaba el corte sobre la avenida De los Trabajadores.

"No nos vamos a mover"

Ayer se difundió un comunicado firmado por algunos vecinos que negaron que se haya logrado un acuerdo entre la Municipalidad y los usurpadores, y rechazaron acatar el pedido de retiro voluntario de los predios de Grimaldi y calle 11.

"No estamos de acuerdo con el acta que se firmó. Desmentimos que se hayan solucionado los problemas que las distintas familias atravesamos. No se dio ninguna solución concreta a nuestra necesidad de acceder a un terreno para poder construir viviendas dignas. La gran mayoría ya estamos incluidos en el ‘Registro de Demanda Habitacional’, incluso desde hace años, pero el figurar en ese listado no nos ha solucionado nada", refiere el documento.

Expresaron además que "irnos de acá sin ninguna solución concreta significa volver a girar por oficinas sin respuestas o ser visitados por trabajadoras sociales que ya conocen la realidad en la que vivimos y por la que nada se ha hecho hasta el momento. Por eso acordamos que no nos vamos a mover de los terrenos hasta no tener una respuesta real a nuestro pedido: tierra para vivir a todas las familias de la toma, así figuremos en el censo o no".

A pesar de las referencias de que estos lotes no estarían en condiciones de ser habitables, insistieron en que se analice el proyecto presentado el mes pasado para la urbanización y autoconstrucción en las 9 manzanas que ocupamos. "No hemos recibido ninguna respuesta. Hasta nuestra llegada, estos terrenos eran utilizados como vertedero de desechos y escombros, creando un basural a cielo abierto que al gobierno no le interesaba solucionar", se quejaron.

También denunciaron que "desde el municipio, a través de Mariano Ciancio (funcionario del área de Desarrollo Social) y Diego Robbiani (Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida), se han realizado distintas maniobras para desarticular y dividir a los vecinos y vecinas desde un primer momento. Presionando, mintiendo y jugando con nuestras necesidades".

Ampliaron así en exponer que "la reunión del pasado jueves fue parte de estas maniobras, convocada sin previo aviso teniéndonos que enterar por los diarios en la misma mañana que nos estaban citando a dialogar. Al momento de ingresar a la reunión, no se permitió que participaran todos nuestros representantes y se firmó el acta sin consulta al conjunto de los vecinos. Ese acta no contiene soluciones reales, sino meras promesas que dudamos si se cumplirán".

Finalmente indicaron que van a "permanecer en la toma" y pedimos una nueva reunión con autoridades municipales, provinciales y de la justicia, situación que fue canalizada el sábado a través de la Secretaría de la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul. Sobre esta audiencia indicaron que "queremos que sea sin condicionamientos, pautada con anterioridad y en la que requerimos la presencia del intendente Ezequiel Galli, quien no nos ha recibido en persona en todo este tiempo. Si realmente le interesa dar una solución a este conflicto, debe escuchar a las y los vecinos para acordar, por escrito, la adjudicación de las tierras a quienes las venimos reclamando".

El acta

En la resolución firmada la semana pasada al cierre de la reunión en el Palacio "San Martín" se acordó que la Municipalidad atendería la situación de las familias en el marco del Registro de Demanda Habitacional. Además la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría General del Departamento Judicial de Azul se comprometieron a realizar el seguimiento de dichas gestiones.

En este contexto, el titular de la UFI 10, Miguel Piñeiro, ofreció archivar las actuaciones por la denuncia de usurpación que hizo el Municipio de Olavarría el 6 de abril, siempre y cuando "los ocupantes se retiren del lugar ocupado por propia voluntad", y puso como fecha límite la de este lunes.

Se resolvió además que, ante la posibilidad de que haya "personas que pudieran ingresar al predio pero que no son parte de quienes ocupan permanente el predio" y esto perjudique el accionar de quienes se retiraron de manera voluntaria, la policía reforzará la custodia en "el perímetro e impida al acceso al predio de toda persona ajena al actual conflicto".