La inimputabilidad y las armas legales también tienen poder para matar
Claudia Rafael
Hay algo que indudablemente no funciona. Como ya había ocurrido en 2009, Martín Ríos volvió a ser absuelto por ser considerado un "peligroso esquizofrénico" y el asesinato del estudiante de kinesiología, Alfredo Marcenac, sigue impune. Fue ocho años atrás, en el barrio porteño de Belgrano. La víctima era de Necochea, tenía apenas 18 años, y su victimario tenía entonces 27. Hoy ronda los 35 años. El gran detalle es que si realmente Ríos es "peligroso porque no tiene un enganche con la realidad" y "vive en otro mundo, con una lógica psicótica", cómo explica el Renar (Registro Nacional de Armas y Explosivos) que era -como el mismo organismo publicó tras el asesinato- un legítimo usuario de armas de fuego.
Martín Ríos -había hecho circular el Renar- "acreditó su identidad, medios lícitos de vida, ausencia de antecedentes penales, su estado de salud psicofísica y la idoneidad en el manejo de armas de fuego". Es decir, todas esas acreditaciones formales le dieron vía libre para matar.
Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 -presidido por Marta Yungano e integrado por Patricia Llerena y Eduardo Fernández- determinaron la inimputabilidad, pero nadie desde el Estado asume cuántos son los Ríos, legítimos usuarios de armas de fuego que rondan las calles de cualquier ciudad. Con bombos y platillos se aplaude, por ejemplo, que en los próximos días, se destruirán en el Renar 1.100 armas remitidas desde la Fiscalía General Azul. Y es correcto. Pero no hay, sin embargo, registros de la cantidad de armas que se portan hoy por diversidad de motivos -desde autoprotección para arriba- ni tampoco investigaciones que pongan coto a la circulación subterránea o que impulsen un control que corte de plano el reingreso a los circuitos de ilegalidad de armas que habían sido secuestradas oficialmente.
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego plantea, desde su página web, que "el 64% de los homicidios dolosos en la Argentina no se da en ocasión de robo ni delito" y que en "el 54% de los homicidios se utiliza un arma de fuego". Y anuncia, además, que a lo largo de una década se retiraron 272.366 armas de circulación con el objetivo de "construir una sociedad cada vez más pacífica".
El gran tema es que las armas legales también asesinan. Aquellas que portaba Martín Ríos, ese joven que es considerado inimputable por su esquizofrenia pero que para el Estado era un legítimo usuario de armas de fuego, tenían -al igual que las ilegales- poder de eliminar la vida. Y no hay Estado, ni Tribunal, ni psiquiatras forenses que puedan devolver a Mónica y Adrián Marcenac la vida de su hijo. Ni nadie que cure de las secuelas psicológicas y físicas a los heridos en otros cuatro ataques con armas.
Si Martín Ríos sabía lo que hacía, logró evadir con maestría la dureza de una condena por homicidio doloso. Si Martín Ríos realmente no sabía aquello que hacía, tuvo el aval del Renar, es decir, del Estado. Más allá de haber arrebatado la vida de un chico de apenas 18 años, hay demasiados interrogantes que quedan abiertos.