Daniel Puertas

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Por un lado, los intendentes, oficialistas u opositores, se encuentran ante un dilema complicado. Si adhieren al decreto del Gobernador tendrán en sus manos un cuerpo que teóricamente deben dirigir aunque funcionalmente dependerá de La Plata.

Es decir, ante sus votantes contarán con una mayor responsabilidad en el manejo de la seguridad, pero su poder real sobre la fuerza puede depender de una serie de factores que estarán lejos de su dominio, entre ellos el buen o mal humor de las autoridades provinciales, sean políticas o municipales.

Hay un punto clave para dudar del poder real que tendrán los jefes comunales sobre los nuevos cuerpos de seguridad: su desconocimiento sobre las reglas no escritas de la cuestión policial, sobre el mundo particular donde se mueven policías y ladrones.

Hay un ejemplo claro del fracaso de políticas diseñadas por políticos relacionadas con este tema. La reforma del Código Procesal que le sacó el manejo de la instrucción de las causas a los jueces y se lo entregó a los fiscales. Una de las razones atendibles era que por una razón insoslayable de sobrecarga de trabajo las investigaciones quedaban directamente en la práctica en manos de la Policía.

Después de años de lidiar con errores de procedimiento, con investigaciones realizadas por fuera de las reglas que se caían en los juicios, se pensó que con abogados a cargo de las causas las pesquisas serían más eficientes y más ajustadas a la ley.

En la realidad, los fiscales quedaron en manos de los policías que mal o bien tenían por lo menos una idea, casi siempre errónea, pero al menos una idea, de cómo se lleva adelante una investigación penal en la práctica. El conocimiento de las leyes suele no alcanzar para el trabajo de campo.

Si eso les pasó a abogados que habían estudiado al menos para rendir un examen sobre la función que aspiraban a desempeñar ¿qué les puede ocurrir a políticos tal vez eficientes a la hora de decidir dónde pavimentar o llevar servicios cuando tengan que pensar cómo llevar adelante un plan de seguridad efectivo y no limitado a tener a raya a los pobres para que molesten lo menos posible?

Como unos cuantos mandatarios municipales han hablado durante años sin demasiado conocimiento del tema, ahora deberán hacerse cargo, pero sin demasiado poder para corregir los problemas, para no ser otra cosa que el blanco de las iras vecinales cuando vean que el delito no disminuye.

Lo más fácil sería no adherir a la ley ¿pero cuántos estarán dispuestos a rechazar la llegada de más policías y explicar convincentemente sus razones a los electores?

En sus declaraciones publicadas en estas mismas páginas, el diputado de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, uno de los pocos especialistas en la cuestión policial, aludió con bronca a quienes aspiraban a una "policía sueca" rápidamente, olvidándose del "paso a paso" de Mostaza Merlo, que ha probado ser una buena receta. Porque también los mejor intencionados hicieron su aporte al fracaso del proyecto de ley, aunque nunca se llegó a demostrar, ya que las modificaciones que quería introducir la oposición nunca se concretaron y la iniciativa no volvió a Diputados.

Pero el gobierno provincial admitía que esos cambios hubieran llevado a que las cosas se volvieran a empantanar, ahora en la Cámara baja.

El texto original elevado por el Ejecutivo a la Legislatura era pasible, es cierto, de mejoras. Pero era mucho mejor que lo que salió finalmente por decreto y era un avance concreto, aunque más no fuera porque le sacaba el monopolio de la calle y, por ende, el manejo de la recaudación ilegal a la Bonaerense.

Ahora todo queda como antes, salvo por el detalle de que los intendentes que adhieran ya no podrán tirarle la pelota a la Provincia cuando ocurra algo vinculado con la seguridad que exaspere los ánimos de sus potenciales votantes.

Tal vez este tema no haya sido bien analizado hasta ahora por los intendentes, que ahora tendrán dificultades para echarle la culpa a otro. Seguramente esto llevará a que los ataques se centren, más aún de lo que ya viene ocurriendo, en la Justicia, que verá magnificada su función habitual de chivo expiatorio.

Hay, de todos modos, una tenue esperanza. El proyecto de creación de las Policías Locales sigue en el Senado, en la Comisión de Labor Parlamentaria, y es posible que si los líderes políticos dejan un poco de lado su preocupación por el próximo acto electoral y piensan algo más en los aspectos esenciales de la función de legislar en beneficio de sus pueblos decidan reflotarlo.

Pero, lamentablemente, a la luz de la experiencia eso parece muy poco probable.