Cacho Fernández

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Es un enorme absurdo y una gran contradicción que un Gobierno que se ha caracterizado por combatir los restos de impunidad que habían quedado de la dictadura militar después del Juicio a las Juntas, salga ahora con una ley que la consagra totalmente en los funcionarios políticos.

La sanción de la ley que exime de toda responsabilidad al Estado y a funcionarios ante hechos que generen perjuicios a ciudadanos y empresas, es un claro mentís a lo que se viene pregonando desde hace diez años.

La norma sancionada por la mayoría oficialista configura un gran retroceso para esta República y para esta democracia recuperada hace treinta años a costa de mucha sangre vertida por miles de argentinos.

Después de tanto dolor y tanta muerte, una parte del sector político nacional se asume como casta privilegiada y cree que puede manejar los fondos públicos y tomar decisiones sin tener que rendir cuentas a la sociedad.

Se consagra de esa manera como una suerte de nueva nobleza similar a la de Luis XIV o de cualquier monarquía patrimonialista que suponía que el Estado era la extensión de su unidad doméstica. "El Estado soy yo", decía el denominado "Rey Sol" simplificando aquella idea de que los bienes públicos eran de su propiedad y como tales debía manejarlos.

Carlos Menem llegó a reclamar la Ferrari como suya, cuando era un regalo para el Estado argentino, y ahora este Gobierno, luego de querer ponerles límites a las cautelares, vuelve con la intención de reducir los derechos de la gente al limitarle la posibilidad de accionar contra el Estado o cualquier funcionario si considerara que se le ha ocasionado un perjuicio.

¿Donde quedó la igualdad ante la ley? Porque si la responsabilidad civil corre para cualquier particular o empresa, ¿por qué no lo es también para el Estado o cualquier funcionario, uno por representar a toda la sociedad y el otro por ser el delegado de ella al que la sociedad le ha transferido la responsabilidad de manejar la cosa pública? Después de la sanción de esta nueva ley de impunidad, el principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución Nacional queda desmentido por la norma, por lo cual, como vaticinó el viernes el diputado Ricardo Alfonsín, habrá muchos planteos de inconstitucionalidad, "y seguramente la Corte les dará curso", dijo.

Contradicciones

La nueva ley de impunidad consagra además a la clase dirigente como una casta de privilegiados que podrá manejar con total y absoluta discreción los recursos públicos y las decisiones políticas. De ese modo también se viola la soberanía popular, porque por un lado el Estado es la representación de la sociedad y, por el otro, el funcionario es un mero delegado.

Con el fracaso de la reforma judicial que incluía el recorte de las cautelares, se frustró la intención de reducir la facultad de los ciudadanos de accionar contra el Estado. Ahora se vuelve con esta ley que seguramente correrá la misma suerte en la Corte Suprema.

Por lo tanto, asombra e irrita que quienes se asuman como víctimas de la impunidad, de pronto quieran reinstalarla en favor de la clase gobernante.

La otra contradicción tiene que ver con la condena a Benjamín Menéndez y a Luis Estrella por el crimen del obispo Emilio Angelelli y el cierre de la causa contra el general César Milani a quien se lo sigue protegiendo pese a las denuncias de víctimas y pruebas testimoniales que hay en su contra por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Y el otro tema que pesa y mucho es el del vicepresidente Amado Boudou. Alfonsín considera que detrás de la protección oficial hay encubrimiento. Si bien puede ser un recurso argumental de oposición, lo cierto es que al Vice ya no se lo puede presentar en ningún lugar y mucho mecho menos enviarlo como representante a otros países. El Gobierno está muy preocupado por un nuevo procesamiento y el diputado nacional de la UCR Miguel Bazze decía ayer que a sus compañeros K en la Cámara les cuesta cada vez más defenderlo de un juicio político. "Como si estuviesen cumpliendo órdenes", dijo.

Provincias que se despegan

La otra versión que preocupa a la Presidenta es la separación de las elecciones provinciales de la nacional. Luego de una recorrida, el "Chueco" Juan Carlos Mazzón le confió a Cristina que a partir de marzo habrá no menos de diez elecciones provinciales escindidas de las nacionales, que nuevamente tendrán lugar el 27 de octubre de 2015. La mayoría de los gobernadores, salvo casos de imposición de la Constitución local, decidió despegar su elección de la nacional para evitar quedar pegados de un eventual voto castigo a la administración nacional o a la propia Cristina Fernández, nada menos. Eso le impedirá al gobierno central el efecto arrastre que pudiera darse porque, según dicen, en las provincias peronistas, un tercio de los votantes lo haría por los candidatos del FPV, sean Scioli o Randazzo.

El gobernador bonaerense apeló nuevamente a su consabido pragmatismo y, aprovechando las dilaciones que se vienen dando en el Senado con la ley de Policía Comunal, tomó la decisión de adelantarse al massismo y de paso se sacó de encima a La Cámpora. La sacó por decreto y mató dos pájaros de un tiro. De paso, terminó corriendo a los camporistas y a todo el sector duro del kirchnerismo sobre quienes sabe que no le mueven mucho el amperímetro. El objetivo de Scioli, tal como lo reflejan los afiches pegados en la ciudad, es despegarse de todo lo que tenga olor a kirchnerismo y presentarse como un candidato independiente. Si bien la Policía Comunal quedó absolutamente desnaturalizada, sea por las reformas que se le hicieron en Diputados como por lo que salió por decreto, a Scioli le sirve para recuperar la iniciativa política a través de un anuncio. Si servirá o no, parece secundario en esta política de gestos.

Scioli quiere independizarse

La Provincia no habló de financiamiento y lo más probable es que se las terminen endosando a los municipios, que ya de por si están aportando para que funcionen los patrulleros, aunque nadie puede explicarse hoy cómo es que se rompen la proporción con la que se viene dando.

Tampoco se puede inferir por qué se gasta tanto combustible. A modo de ejemplo, y por ahí es un leading case policial, hace un par de días chocaron dos vehículos en una esquina imposible de que se produzca un choque. Se trata de la intersección de dos calles, ambas con suprema visibilidad puesto que rodean una plaza. Llegó el patrullero y, según testigos, estuvieron allí casi dos horas con el vehículo en marcha, tomando mate y tirando la yerba lavada en la misma calle. La conducta es absolutamente inapropiada y reprobable para un funcionario público. La desaprensión mostrada es inaceptable y el consumo innecesario de combustible, una irresponsabilidad.

Después de Arslanian, pasando por Granados, la policía parece irreductible e incorregible, como diría Borges. ¿La nueva Comunal, con la estructura que le prefigura el decreto de creación, multiplicará por dos estos problemas? Posiblemente, el Gobernador se las tire por la cabeza a los intendentes. Lo hará progresivamente, pero lo más probable es que tarde o temprano las comunas deberán hacerse cargo de la Bonaerense y de las comunales.

Lo mismo pasa con los comedores escolares. Ya recortó el 30 por ciento de los cupos, lo que trajo aparejada la reducción de la calidad del menú. Algunos municipios han debido cubrir estas falencias esperando que la Provincia les devuelva alguna vez lo que han aportado.