Daniel Puertas

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A pesar de las optimistas declaraciones del gobernador Daniel Scioli, todo indica que existen muy pocas posibilidades que el proyecto de ley de creación de las policías municipales pueda sortear con éxito el cuarto intento de ser aprobado el próximo miércoles en la Cámara de Senadores bonaerense.

El oficialismo carece del número suficiente entre senadores propios y aliados para sancionar la ley y hasta ahora no han aparecido signos de que puedan convencer a algún senador ajeno. La alianza de radicales y socialistas se opuso desde el principio a la Policía Local y el Frente Renovador (FR) de Sergio Massa después de haber levantado el tema con bandera de campaña dice que no lo conforma el texto aprobado en Diputados.

Aliados, renovadores y radicales pueden evitar el quórum, tal como hicieron en la sesión anterior. La primera vez fue el Frente para la Victoria (FPV) el que se levantó cuando el senador del GEN Omar Foglia decidió quedarse para votar en contra en particular, lo que hubiera obligado a que la iniciativa volviera a la Cámara baja, donde el sciolismo cree que volvería a trabarse ya que las modificaciones que quiere imponer el massismo serían rechazadas de plano por el kirchnerismo puro.

Cuando aparentemente el FPV parecía haber conseguido que Mario Ishii se abstuviera, con lo que se produciría un empate permitiendo el uso del voto doble del gobernador Gabriel Mariotto, la oposición fue la que se marchó del recinto, a pesar de que durante días estuvieron machacando con sus críticas al oficialismo por tomar precisamente esa actitud.

Los legisladores del FR se fueron denunciando supuestos intentos de soborno y presiones varias, lo que si bien no constituye una rareza es inusual que ocurra con una ley donde no hay dinero en juego, salvo quizá para los miembros corruptos de la Policía Bonaerense.

Llegaron a decir que no querían otra "ley Banelco", recordando las denuncias y la investigación judicial -que terminó en la nada- en torno de la aprobación en la Cámara de Senadores de la Nación de la ley laboral que cambiaba por completo las reglas del juego en el mercado del trabajo, arrasando con conquistas sindicales que se creían inamovibles.

Eso representaba una transferencia de ingresos descomunal hacia el empresariado y el gobierno de la Alianza la creía imprescindible para aplicar las políticas de ajuste impuestas por la economía ortodoxa y los organismos multilaterales de crédito.

Teniendo en cuenta los millones que pasaban de la mano de los trabajadores a las de sus patronos que hubiera sobornos no es una hipótesis descabellada, cosa que no ocurre con las simples policías municipales.

De todas las cosas que dijeron lo único que queda en claro es que los renovadores estaban buscando una excusa más o menos presentable como para justificar que ahora impidan que los intendentes tengan su propia policía después de haberla reclamado durante meses y en todos los tonos.

Mario Ishii hasta transformó la historia en una novela de espionaje clase B al denunciar presuntos aprietes de los espías del Estado nacional, en lo que los suspicaces creen que puede servirle parta defenderse políticamente de una investigación judicial por presunta corrupción en el municipio que gobernó hasta llegar al Senado y que hoy manejan hombres de su tropa.

Los argumentos del FR para trabar la ley son el rechazo a los artículos introducidos por el kirchnerismo en la Cámara de Diputados y que tienden a crear un cuerpo completamente nuevo y diferente de la Bonaerense. Claro que en sus explicaciones lo más evidente es que no tienen demasiada idea de la cuestión policial, por lo que todas las declaraciones han sido de un vuelo intelectual muy bajo y poco convincente, lo que justifica que se hayan aferrado con fuerza al madero salvador de la presunta corrupción.

Lo más lógico es que no quieran dejarle a Scioli la posibilidad de hacer campaña para las presidenciales del año que viene con la Policía Local. El gobernador bonaerense y Sergio Massa son en este momento los candidatos con más posibilidades de suceder a Cristina Fernández de Kirchner.

Como ocurre siempre, las pujas por el poder son siempre más importantes para los políticos que cualquier otra cosa, como se está demostrando una vez más.

También juega, por supuesto, la cuestión ideológica. El massismo ha elegido pararse a la derecha y defiende las cosas más caras al conservadurismo, como priorizar la represión en materia de seguridad pública.

Como el kirchnerismo impuso en Diputados un texto que en teoría crea una fuerza de seguridad ajustada estrictamente a la defensa de las garantías individuales y los derechos humanos, es comprensible que sea rechazada con fervor por el massismo.

Lo cierto es que todo parece indicar que otro proyecto cargado de buenas intenciones quedará durmiendo por algunos años más en los cajones de los despachos de los legisladores, lo que no es precisamente una buena noticia y poco ayuda a la tarea de mejorar las instituciones, de lo que tanto se habla y tan poco se concreta.